Oltra maniobra para que el juez cierre el caso de la gestión de los abusos sexuales a la menor

La defensa de la exvicepresidenta plantea que los plazos empezaron a contar desde mayo de 2021 cuando Instrucción 15 recibe la denuncia de Teresa Tanco, la víctima de los abusos. En septiembre se archiva la causa, con el informe favorable del fiscal, a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso de Luis Ramírez Icardi, el docente condenado a cinco años de cárcel por abusos sexuales a la menor.

Sin embargo, en diciembre la Audiencia ordena la reapertura inmediata con independencia de la resolución del alto tribunal. Desde entonces, se han producido las 16 imputaciones y toda una catarata de diligencias para aclarar los hechos. El letrado de la exconsellera mantiene que el plazo caducó en mayo de este año. De tal forma que como no se acordó antes la prórroga ahora no cabe esa posibilidad.

Lo que obvia la defensa de Oltra es que en esta causa se produjo una acumulación de otra denuncia, la que, por su lado, presentó la organización controlada por Cristina Seguí. Esto se produjo inmediatamente tras la reapertura del asunto.

Además, incorporaba nuevos delitos lo que, según fuentes judiciales, reinicia el cómputo de los 12 meses de nuevo. Es decir, el titular de Instrucción 15 todavía dispondría de más de un mes de plazo para decidir la prórroga de las diligencias.

Esta es una de las vías con las que la defensa pretende acotar el periodo de la investigación. En el marco de esa tesis, las últimas diligencias, como la citación como imputados del exjefe de gabinete Miquel Real y el exsubsecretario Francesc Gamero, quedarían sin cobertura legal.

La exvicepresidente plantea también otras cuestiones de fondo. Sostienen que son innecesarias la práctica de nuevas diligencias que, según adelantan, «no llevará a ningún lado, ya que nada ocurrió distinto a lo manifestado».

Pero además ponen en el foco en la instrumentalización de la causa por parte de las acusaciones populares que sólo pretenden alargar el procedimiento para obtener una rentabilidad política, es decir, que la líder de Compromís no pueda concurrir a las próximas elecciones de mayo. Citan, como ejemplo de este propósito, un mensaje en una red social de Cristina Seguí.

La exconsellera de Igualdad insiste en otra de las ideas centrales de su defensa. Todo esto es una investigación prospectiva, 'un a ver qué encontramos', algo que el ordenamiento jurídico prohíbe. Debe ser el juez el que con su criterio determine las diligencias pertinentes -continúa el escrito de Oltra- pero esto «no puede terminar en una causa general contra una determinada persona, donde la finalidad no es en sí lo que se investigue sino el propio aspecto temporal del proceso, que con su dilación y su repercusión mediática justifica los fines de determinadas acusaciones.

La principal imputada en la causa, en resumen, no encuentra sentido a nuevas diligencias y reflexiona acerca de qué puede dar de más «el relato fabulado que ha sustentado las querellas». Su intento de que tanto Vox como la representación de Seguí se unifiquen en una única dirección letrada no ha tenido éxito.

Los plazos judiciales no favorecen las intenciones de la exlíder de Compromís de presentarse a las próximas elecciones. El juez tiene la intención de continuar con las diligencias. Y en el caso de un hipotético y sorprendente archivo en un periodo relativamente corto de tiempo, las acusaciones plantearían recursos a la Audiencia que tardarían varios meses en resolverse. Esto reduce a la mínima expresión las posibilidades electorales de la exconsellera.