Oltra es la única que ha admitido que supo que un juez investigaba a su ex

Es decir, que las averiguaciones de la Generalitat, en teoría para evaluar los protocolos empleados en febrero con la menor abusada por el exmarido de la consellera, se iniciaron sin constancia de que había un procedimiento judicial en marcha. Esta fue la versión que, por ejemplo, sostuvieron de forma inquebrantable la directora general de Infancia, Rosa Molero, y su subordinada Gema Plaza.

La exposición razonada que el instructor ha enviado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) incide en que Oltra es la «única que ha reconocido públicamente» que existía una causa judicial en el momento en que traslada las órdenes para que se abra ese expediente. La vicepresidenta conocía esta circunstancia –no es un dato menor– desde el 4 de agosto de 2017 cuando a su casa llega una notificación del juzgado.

Todavía no está claro qué es lo que se recibió en el domicilio. Pero aquello le permitió tener conocimiento de la investigación. Hay que tener en cuenta que Oltra es abogada por lo que está familiarizada con ese tipo de documentación y lenguaje.

Fue entonces cuando ordenó la apertura de esa información reservada. «Necesitaba saber qué había pasado», se justificó. Ese dosier, sin embargo, lejos de constituir una evaluación de los métodos y protocolos empleados en el análisis de este caso, terminó siendo un dosier para desacreditar a la joven, atacar su credibilidad y torpedear, de algún modo, la investigación que ya había iniciado un juez.

De hecho, este informe nunca se envía al juzgado. Ni llegó a ser prueba en el primer juicio. Sólo se aporta una vez se produce la primera condena. El TSJ ordenó la repetición de la vista para incorporar este material. El resultado fue idéntico: condena de cinco años de cárcel y, además, con la agravante de prevalimiento.

Los investigados han negado en el juzgado conocer la existencia de ese procedimiento que Oltra sabía por ser familiar. Se dan situaciones realmente sorprendentes, como la protagonizada por Gema Plaza, subdirectora general de Igualdad, tal y como relata la exhaustiva exposición del juez.

Plaza declaró que se entera de la investigación judicial «pasados años». Y todo pese a que el auto judicial llegó a la conselleria el día 8 de agosto de 2017. Todavía no está claro si se recepcionó incluso antes. Además, conviene recordar que ya a principios de julio la Fiscalía había contactado con Igualdad para pedir explicaciones. Pero algunos ignoran esto y quienes conocieron el mensaje del ministerio fiscal no lo interpretaron como que aquello era una investigación en toda regla.

El escrito del juez destaca que hay un correo que envió Plaza a otra investigada que pone en duda su versión de los hechos. Como investigada, no está obligada a decir la verdad. En ese mail habla «de la denuncia contra el educador, de los hechos denunciados por la niña y de que no se olvide contestar a Fiscalía a todas las cuestiones que plantea». El instructor, de esta forma, cuestiona el relato de Plaza.

Las pesquisas han permitido constatar que la mayor parte de los investigados de la Conselleria de Igualdad mantienen que no sabían que el educador era el ex de Oltra cuando se producen los hechos. Que se enteraron meses o años más tarde. Todo pese a que era vox pópuli el vínculo con la consellera. De hecho, la propia víctima lo sabía y era una de las circunstancias que, según dijo en su día, le frenaba a denunciar.

El juez, en las diligencias en marcha, pretende profundizar en la relación de Oltra y el docente. Por ejemplo, ignora si en febrero y marzo, cuando se produce la primera investigación –un paripé, según las conclusiones del instructor– la pareja seguía unida. En este sentido, ha reclamado al Ayuntamiento de Ribarroja que informe de las personas que estaban empadronadas en el domicilio de Oltra y las fechas.