Once causas judiciales marcarán la carrera electoral en la Comunitat

Una etapa que se presenta realmente apasionante con un empate técnico entre bloques y donde el desgaste de los tribunales puede hacer mella. La diferencia reside en que la corrupción en el PP puede que esté ya amortizada en el cómputo electoral. El problema es cómo puede dañar la confianza del votante socialista determinados asuntos de corrupción. Ese es un ecosistema todavía inexplorado en la Comunitat. De igual modo, la misma incertidumbre aparece en las filas de Compromís con la investigación a Igualdad y el futuro judicial de Mónica Oltra. Sería un panorama idóneo para Ciudadanos y Podemos, pero quizá llegan tarde para subirse a ese tren.

El primer plato, por proximidad temporal, es el juicio del caso Alquería. Jorge Rodríguez, expresidente de la Diputación de Valencia, se sienta en el banquillo de los acusados por la contratación irregular de directivos en la empresa pública Divalterra. Los hechos se produjeron en la antigua Imelsa, que se vio obligada a cambiar el nombre para tratar de despojarse de la delictiva gerencia de Marcos Benavent. Por primera vez, un presidente de la Diputación de Valencia será juzgado por corrupción. Anticorrupción reclama ocho años de cárcel para él y su grupo de más estrechos colaboradores, entre los que figura un alto cargo de Compromís.

La investigación de la supuesta fortuna oculta procedente de comisiones de Eduardo Zaplana en el extranjero se encuentra en un punto crucial. La Audiencia debe certificar en las próximas semanas la instrucción y, por tanto, si existen suficientes indicios para sentar al expresidente de la Generalitat en el banquillo. El exdirigente se enfrentaría a penas por encima de los 15 años. Mientras un testaferro sostiene que manejó millones de euros desde estructuras opacas, Zaplana sigue negando las acusaciones. Unos hechos que cuestionan la ejemplaridad de aquella etapa triunfal del PP.

Único caso de corrupción que aglutina a cargos de los principales partidos. En las filas de los populares, Alfonso Grau. En el grupo de los socialistas, el exsubdelegado del Gobierno Rafa Rubio y el abogado José Luis Vera. Al margen de la trama urbanística, capitalizada por el empresario Jaime Febrer, existe una vertiente de la investigación que preocupa a cargos del PSPV y a Presidencia de la Generalitat. Se trata de la financiación ilegal del partido, precisamente en una época (2006-2008), donde el PP también recurrió a las trampas para sus campañas electorales. Estos indicios anulan en parte el discurso del PSPV contra la corrupción del PP y la hipoteca reputacional que habían heredado. La existencia de al menos cinco piezas secretas desata todo tipo de especulaciones que viven con más temor los socialistas.

Asunto capital de las próximas semanas de actividad judicial. La vicepresidenta comparece el día 19 para dar su versión del supuesto encubrimiento de la denuncia de abusos sexuales contra su exmarido. Siempre ha defendido la actuación de la Conselleria de Igualdad pese a que el juez aprecia indicios de su participación en una especie de plan para silenciar todo este episodio, que se tradujo en no denunciar a la Fiscalía y, por contra, emprender una especie de «investigación parajudicial» en palabras de la Audiencia. El caso forzó en su momento a Oltra a dejar el Consell y también su escaño en Les Corts. El principal activo electoral de Compromís vive pendiente de esta instrucción para regresar a la primera línea política. Los plazos, no obstante, no le acompañan. Resultaría muy poco probable que la causa se archivara antes de las elecciones. Y eso, en el mejor de los supuestos, que no deba sentarse en el banquillo. La Audiencia ha de pronunciarse también acerca del acceso a los correos que en su día cruzaron los investigados, tal y como reclaman las acusaciones. El juez y el fiscal se han opuesto.

El caso de Francis Puig concentra ahora la mayor ofensiva judicial del PP contra el Botánico. Las irregularidades en la obtención de subvenciones públicas y en la presentación a concursos de las empresas de Francis Puig, hermano del presidente, y sus socios han llevado la intranquilidad al Palau. Francis Puig ya fue sancionado por pactar precios en un concurso de À Punt. Ahora la Fiscalía Anticorrupción analiza si computó gastos ficticios para recibir ayudas públicas para el fomento del valenciano, entre otras partidas. Las declaraciones judiciales de Puig y de su socio, Adell Bover, sólo han contribuido a sembrar más dudas sobre el proceder de los empresarios. La clave será si las irregularidades superan los 120.000 euros anuales. El juzgado aguarda varios informes periciales e información complementaria que los principales imputados se comprometieron a aportar para aclarar el monumental enredo de ingresos de dinero público.

El último escollo judicial para el expresidente Camps tras una ristra de archivos y absoluciones de otras ocho causas de corrupción. No encuentra el expresidente mejor argumento que el de la teoría de la persecución en su propia experiencia. Años de investigaciones que quedaron en nada. En este caso, volverá a sentarse en el banquillo el próximo mes de enero. El juicio prevé alargarse casi hasta la campaña electoral. Será en la Audiencia Nacional. El exdirigente popular se enfrenta a dos años de cárcel por diferentes adjudicaciones de la Generalitat a la trama Gürtel. La causa se reabrió por la confesión de Ricardo Costa. Anticorrupción negocia pactos con otros acusados que pueden debilitar la defensa del expresidente.

Será la primera sentencia del caso Imelsa. En este pieza se analiza si la empresa pública pagó gastos electorales del PP en Moncada, junto a amaños y malversación en el Ayuntamiento de Valencia y en un evento en el MuVim. El principal imputado es Marcos Benavent, el famoso exgerente de Imelsa. La sentencia reúne interés porque por primera vez un tribunal se pronunciará acerca del inicio de la investigación con la aportación de las memorias y las conversaciones que durante años Benavent grabó a colaboradores y afines al partido.

El juicio para los denominados zombies, personas contratadas en Imelsa sin cumplir ninguna función, es otro de los platos fuertes de la temporada. La vista comienza en enero y se prolongará hasta marzo. Coincidirá en parte con el juicio a Camps. En este caso, se sentará en el banquillo Alfonso Rus, la primera vez dentro de las numerosas piezas de la macrocausa de Imelsa. Se le acusa de dirigir estas contrataciones ilegales para amistades o personas afines al partido.

Otra de las vistas que arrancará en marzo y se situará casi a las puertas de la campaña electoral. De nuevo Alfonso Rus en el banquillo. Dos juicios prácticamente consecutivos donde el expresidente afronta más de 20 años de cárcel. El sumario aborda el amaño de un centro de atención telefónica a una empresa en la que el suegro de Benavent tenía intereses. De hecho, llegó a cobrar una importante comisión, según la UCO.

El último fleco pendiente de la familia Blasco con los tribunales. Sergio Blasco, sobrino del siete veces conseller Rafael Blasco, está imputado por las adjudicaciones del Hospital General. La Audiencia acaba de decretar el fin de la instrucción por lo que la resolución está próxima. Otro episodio en el que vuelve a verse salpicado el exconseller de Inmigración, condenado por el desvío de ayudas a países del Tercer Mundo.

El exconseller Serafín Castellano aún tiene una posibilidad -mínima, eso sí- de evitar sentarse en el banquillo por el amaño de los contratos de extinción de incendios. Todo depende del desenlace del recurso al auto de procesamiento. Un juicio que no se celebrará hasta el próximo año. La Fiscalía le pide 21 años de cárcel por favorecer a Vicente Huerta, empresario de Avialsa, a cambio de diferentes regalos valorados en 160.000 euros.