Las ONG se oponen al acuerdo de Blasco con la fiscalía y no descartan ir a juicio

La acusación particular critica que el ministerio público plantee rebajar a dos años y medio la pena de prisión y reclama «justicia efectiva»:: A. CervelleraValencia. El pacto alcanzado entre la Fiscalía y el exconseller Rafael Blasco y el empresario Augusto César Tauroni que plantea rebajar la petición de prisión de 16 y 22 años respectivamente a dos y años y medio a cambio de admitir el desvío de fondos públicos destinados a proyectos en el tercer mundo no es compartido por todas las partes. La Coordinadora Valenciana de ONGD, que ejerce de acusación particular, destacó ayer que no comparten el acuerdo alcanzado. Una posición que podría llevar a que se celebrase el juicio en el caso de que no se llegara a un consenso.

Fuentes de la coordinadora aseguraron ayer a este periódico que aún es pronto para sentenciar que se va a ir a juicio ya que esperan realizar diferentes reuniones para que pueda ser replanteada la propuesta. A través de un comunicado, las ONG informaron que ya han solicitado una reunión a la Generalitat para pedirle que no acepte un acuerdo judicial que consideran que dejaría, después de ocho años de instrucción, «prácticamente impunes la mayoría de los delitos, rebajaría de manera inaceptable las penas de los 24 acusados y no se aseguraría la devolución de los fondos desviados, ni las responsabilidades derivadas» del conocido como Caso Blasco.

La presidenta de la coordinadora, Trini Blanch, subrayó ayer que el acuerdo a día de hoy «es inaceptable y deja el caso Blasco sin justicia efectiva y sin que se devuelvan los fondos defraudados». Para las ONG aceptarlo significaría «lanzar a la sociedad un mensaje de impunidad en casos graves de corrupción, algo incoherente con el espíritu ético de lucha contra la corrupción del actual Consell». Desde la acusación particular insistieron en que por lo que respecta a la responsabilidad civil, «no hay ninguna garantía de recuperación de las cantidades desviadas, ya que el acuerdo propuesto por la Fiscalía únicamente implica por parte de los acusados el compromiso de poner a la venta diferentes inmuebles».

La coordinadora también criticó que hayan inmuebles que se ofrecen a vender cuando ya han sido requisados por la pieza uno del caso. La acusación señaló que este es el caso de Tauroni, que ofrece poner a la venta propiedades en Miami y un yate. Además, recalcó que el acuerdo no tiene en cuenta la reclamación por daños morales efectuada por la Generalitat (3.000.000 €) y por la Coordinadora de ONGD, que superaba los 4.000.000 €. También recordaron que el Tribunal Superior de Justicia hace dos días denegó el tercer grado a Rafael Blasco por «riesgo de reiteración de los delitos cometidos» y porque «no ha hecho el más mínimo intento de paliar las graves consecuencias económicas», lo cual creen que es «absolutamente incompatible con el contenido del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y los acusados». Por último, mostraron sus dudas acerca de que podría quedar sobreseída, aunque este término no está confirmado, la instrucción de la pieza quinta del caso Blasco, en la que se están investigando los supuestos amaños en contratos informáticos por valor de más de un millón de euros de la extinta conselleria de Solidaridad y Ciudadanía entre los años 2009 y 2011.

El exconseller se encuentra en la actualidad en prisión por la condena a ocho años de la primera pieza del caso. El horizonte judicial que se vislumbra si finalmente se alcanza el pacto es que podría estar otros seis. Pese a ello, es necesario tener en cuenta que Blasco se encuentra en el módulo de enfermería por su delicada situación de salud. Además, existe la posibilidad de que en el futuro le pudiesen conceder el tercer grado o la libertad condicional, lo que podría acortar su estancia en la cárcel.