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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desarrolla desde hace 48 horas una operación policial vinculada a la investigación de la trama Erial, la causa que pivota alrededor de un supuesto cobro de comisiones del expresidente Zaplana a cambio de favorecer a la familia Cotino en determinadas adjudicaciones públicas. Una de las diligencias practicadas tras decretarse hace apenas unos días el secreto de las actuaciones ha sido el registro de la vivienda del que fuera conseller de Industria, Fernando Castelló.
El exdirigente popular, que no fue detenido, estuvo al frente del departamento cuando se produjo todo el proceso de adjudicación de los parques eólicos (1999-2003). Pero se desconoce si la operación estaría relacionada directamente con la obtención de documentación que probaría la ilegalidad de las adjudicaciones -una de las posibilidades- o si se vincularía a la búsqueda de parte del dinero supuestamente reintegrado en España. Castelló es una de las personas de la máxima confianza del expresidente. De hecho, tras su marcha a Madrid, el conseller pasa a ser Secretario de Estado de Seguridad Social en el Gobierno de José María Aznar. También ha sido diputado nacional y miembro del Consejo de Seguridad Nuclear.
Tal y como adelantó El País, los agentes intervinieron documentación en el piso de Castelló. Resulta una incógnita el valor real para los investigadores de los papeles incautados. Pero hay que tener en cuenta que han transcurrido casi dos décadas de los hechos supuestamente delictivos, lo que lleva a dudar de que algún investigado conserve todavía información incriminatoria.
Estas nuevas imputaciones -el caso de Castelló no es excepcional sino que se completa con otros investigados- deberán comparecer en los próximos días ante la titular del juzgado de Instrucción 8 de Valencia. Previsiblemente, el secreto ya no estará en vigor.
La jueza decidió mantener a las partes alejadas del procedimiento tras recibir tres informes de la UCO. Las diligencias de los últimos días se desprenden de esa información. Así, la operación se cerraría con al menos cinco investigados. Uno de ellos fue detenido y está previsto que pase a disposición judicial en las próximas horas. La operación policial comprende registros en varias provincias españolas, entre ellas Valencia y Madrid.
En el caso Erial figuran como imputados, además de Zaplana, el también expresident de la Generalitat José Luis Olivas, empresarios como los Cotino, la exdiputada del PP Elvira Suanzes y empresarios como Francisco Pérez López, representante de una gasolinera y posible testaferro; y Saturnino Suanzes, abogado y posible gestor de fondos «b» y hermano de la citada ex diputada autonómica. Precisamente Olivas acudió a declarar el pasado 30 de junio en la reanudación de la instrucción del caso. Negó haber cobrado una comisión de 500.000 euros. Dijo que se trataba de un asesoramiento por la venta de una acciones. La misma explicación que dio en su día en otro procedimiento judicial en el que terminó condenado por fraude.
El expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana y el empresario Vicente Cotino han solicitado a la titular del juzgado de Instrucción 8 de Valencia que les exima de las comparecencias semanales para firmar en el juzgado de guardia y reducir el riesgo de una hipotética fuga. Alegan que en la actual situación sanitaria corren el riesgo de contagiarse del Covid-19. Anticorrupción se ha opuesto a estas peticiones e interesa que se mantengan las medidas cautelares. Durante la peor fase de la pandemia sanitaria sí se suspendieron las comparecencias para firmar.
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