El anuncio que ha hecho el presidente de la Diputación de Valencia, el cierre de Divalterra, es la crónica de una muerte anunciada. Divalterra era una empresa de la Diputación de Valencia, la heredera de la vieja Imelsa, sólo el nombre de la empresa ya venía asociado a varios casos de corrupción. Ante algunas dudas de que el presidente optara por esta decisión que afecta a 700 trabajadores, 500 de ellos son brigadistas.
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