Ningún testigo de Rodríguez defiende las contrataciones de altos directivos

Los testigos de Jorge Rodríguez evitaron este lunes defender en el juzgado las contrataciones de altos directivos en la empresa pública Divalterra que impulsó el expresidente de la Diputación de Valencia. Ninguno de los comparecientes avaló las incorporaciones tal y como se ejecutaron, según fuentes judiciales presentes en la declaración celebrada en Instrucción 9.

El entorno de los investigados, no obstante, se mostró satisfecho con el resultado de los interrogatorios porque les permitió concluir que la situación al llegar a Imelsa era caótica. Ellos sostienen que ante ese desorden trataron de reconducir la empresa y por eso la contratación de los directivos. Además, según estas mismas fuentes, todos manifestaron su confianza en que el director jurídico José Luis Vera les hubiera avisado en caso de apreciar alguna ilegalidad.

El más claro en sus manifestaciones fue José Manuel Orengo, , persona próxima al presidente Ximo Puig. Esta causa se planteó, desde el primer momento por parte de los imputados, como la consecuencia de una guerra interna en el seno del partido socialista por hacerse con las riendas de la formación. Esta disputa, siempre según esta tesis de la conspiración, terminó con la detención del círculo más próximo a Rodríguez tras una denuncia de Anticorrupción.

Orengo aclaró que se marchó de Divalterra porque no compartía algunas cosas que se estaban haciendo. Y fue tras su salida cuando, según él, se produjo lo que calificó como «empastre» al constar «informes de que eso no se puede hacer y la gente sigue erre que erre».

La actual secretaria autonómica de Eficiencia Energética y exalcaldesa de Moncada, Concha Andrés, fue otra de las comparecientes en la Ciudad de la Justicia. «Yo no creo que Jorge Rodríguez me responsabilice de nada», atajó. De igual modo que previamente había hecho Orengo negó que en las primeras reuniones se hablara del reparto de altos cargos sino que se diseñó cómo iba a ser la nueva administración.

La empresa Divalterra es heredera de Imelsa, uno de los principales focos de corrupción en la etapa del PP al frente de la Diputación de Valencia. Anticorrupción sostiene que los acusados crearon un órgano de gobierno paralelo al consejo de administración para tramitar estas cuestiones. Orengo declaró ayer que él no conocía la existencia de ese gobierno en la sombra al menos cuando él estuvo en la firma. En todo momento, se desvinculó de la actuación de los investigados. «Les deseo suerte», llegó a decir ante los medios de comunicación.

El diputado Xavier Rius, otro de los citados a petición de Rodríguez, admitió que él mismo entregó un currículum para la contratación de uno de los supuestos «enchufados» porque así se le pidió, y agregó que desconoce si esa contratación respondía o no a una política de cuotas. Tanto Bort como Rius negaron haber sido testigos de amenazas o presiones por parte del exjefe de gabinete de Rodríguez, Ricard Gallego, para que se realizasen informes en uno u otro sentido, como aseguran los denunciantes del caso.