El expediente por enriquecimiento injusto es aquel con el que la administración abona un servicio que ya se le ha prestado y para el que no se ha convocado procedimiento administrativo ordinario para su contratación y adjudicación. Un pago que debe realizarse, porque existe una ... contraprestación ya realizada por parte de un tercero, pero que, por ese motivo, implica obviar una convocatoria pública y los procedimientos administrativos ordinarios. No es ilegal, pero tanto la Ley de Contratos del Sector Público como la de Procedimiento Administrativo Común advierten de la nulidad de pleno derecho de aquellos compromisos de gasto adquiridos prescindiendo del procedimiento legal y superando los créditos autorizados en el estado de gastos del presupuesto.
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El informe de la Sindicatura de Cuentas sobre el ejercicio de 2020 arranca este apartado con esas dos advertencias. Y después sitúa la cifra de pagos mediante este procedimiento en 1.763,3 millones de euros. La cifra supone un incremento del 22,2% respecto al año anterior, cuando se alcanzaron los 1.443 millones de euros pagados mediante este procedimiento.
El órgano fiscalizador de las cuentas autonómicas realiza una significativa comparación de los cuatro últimos ejercicios presupuestarios, con el objetivo de identificar la tendencia al alza de esa práctica. En 2017 estos pagos llegan a 1.115 millones, cifra que en 2018 alcanza los 1.422, los ya citados 1.443 en 2019 y los 1.763 de 2020. En total, un incremento del 58% de un procedimiento con el que el órgano que dirige Vicent Cucarella muestra su discrepancia.
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La Sindicatura alerta además de que la conselleria de Sanidad es, de forma muy mayoritaria, la que más se acoge a esta fórmula. De hecho, el departamento que dirige Ana Barceló pagó en 2020 hasta 1.602 millones de euros mediante este tipo de expedientes.
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La Sindicatura apremia a la administración autonómica a adoptar las medidas necesarias «para limitar el recurso al enriquecimiento injusto como forma de convalidar los gastos contraídos sin consignación presupuestaria y sin tramitación previa y preceptiva del expediente de contratación», tal y como exige la normativa pública al respecto.
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