La pandemia en la Justicia obliga a suspender ya 20.000 juicios

Justicia siempre ha sido la hermana pobre de toda la Administración. En la época de bonanza se sucedían los anuncios de planes de modernización. Promesas incumplidas. Daba igual si era el PP o el PSOE el que estaba al frente del timón. La confianza en un sistema ágil, moderno y eficaz ha desaparecido incluso para los protagonistas del sistema. El problema, o la suerte quizá, es que mientras el ciudadano medio usa la Sanidad o la Educación durante un periodo prolongado, uno puede pasar su vida sin recurrir nunca a la Justicia. Sólo entonces se comprueba la lamentable situación de uno de los pilares del Estado.

La pandemia del coronavirus puede que haya dado el golpe de gracia al sistema, a unos juzgados «ya por sí sobrecargados y con agendas saturadas», precisa César Calvé, juez decano de Valencia. Todas las jurisdicciones se verán afectadas. Previsiblemente se doblará el tiempo para resolver los despidos, se prevé una avalancha de procedimientos de familia, se retrasarán las investigaciones penales, se espera un aluvión en Mercantil.

La idea del colapso, por desgracia, es real. Las cifras asustan. El TSJ calcula que, de momento, se han suspendido 20.000 juicios desde el estado de alarma. Alrededor de 12.500 procesos serían en la provincia de Valencia. El problema no sólo es esta bolsa de procedimientos sino las condiciones para volver a la normalidad y los plazos.

Esta misma semana, la Comisión Covid-19, integrada por jueces y responsables políticos, mostraron su «preocupación» porque el Gobierno no aclara cuando se podrán celebrar de nuevo vistas o si esto va asociado al fin del estado de alarma. La consellera Bravo quiere que sea ya la próxima semana. De hecho, anuncian una consulta al Poder Judicial para que aclaren esto.

Lo de celebrar juicios en agosto se adapta casi más a la idea de un titular mediático -que se vea que jueces y fiscales trabajan en verano- que a una medida eficaz. Los jueces se muestran reacios a señalar juicios ese mes porque, según explican, la probabilidad de suspender es muy elevada -que falten testigos, por ejemplo- lo que llevaría a en vez de adelantar, retrasar todavía más la marcha del juzgado. Asunto diferente es la paulatina incorporación del personal a sus puestos. A partir de este martes, comienza un 30% del personal. La siguiente semana se duplicará. Y así paulatinamente.

Y si el cuándo es importante, el cómo es todavía más. Desde el Colegio de Procuradores de Valencia, su decana Laura Oliver propone un regreso escalonado, por jurisdicciones más necesitadas y urge la reactivación de los plazos procesales. Porque los juicios -como quizá nada en la vida- no volverán a ser igual. La prioridad es obtener salas en las que se permita mantener la distancia de seguridad entre las partes. Justicia ha trasladado un plan para el control de accesos, potenciar la cita previa y ha instalado más de 123 monitores para comparecencias a través del sistema webex. Además, se instalarán mamparas y otras medidas de protección en los mostradores y se ha optimizado la ventilación y sistemas de aire acondicionado.

La Audiencia, en un comunicado interno, ya alertó de la falta de salas suficientemente seguras y que ahora habrá que tener en cuenta que no se pueden señalar tantos juicios en una mañana. Hay que tener en cuenta que se deberá desinfectar tras cada vista celebrada. «Se está trabajando en un plan específico en materia de limpieza con los usos de las salas de vistas al objeto de planificar la limpieza de las mismas», adelantó la Conselleria en una reunión.

El frenazo de los procedimientos actuales y las consecuencias del Covid-19 tendrán un impacto brutal. Por ejemplo, en los procedimientos por despido. Los abogados auguran que se doblará el tiempo de respuesta. Jorge Cucarella, presidente de la sección Laboral del ICAV, teme que el resultado sea todavía peor que la crisis anterior, la de 2009. «Ahora estábamos en una media de seis u ocho meses al margen de los juzgados más rápidos o más lentos», indica. El atasco de estos días hace pensar que nos vamos a «ver de inmediato con señalamientos para 2021 y 2022». Cucarella recuerda que no es esta jurisdicción un procedimiento sencillo para la celebración de juicios telemáticos porque la prueba «se suele presentar en el momento y en papel».

Además, con el funcionamiento a turnos y el tiempo de espera entre vistas «no se va a poder celebrar 15 juicios en un día». La consellera Bravo alertó esta misma semana de que esta será la Jurisdicción más afectada donde también se ventilan procedimientos de reclamación de prestaciones a la Seguridad Social y los Ertes que hayan sido impugnados.

En Primera Instancia también se espera un incremento notable por «los impagos, incumplimientos contractuales, condiciones generales de la contratación...», precisa el juez decano. Especialmente grave se intuye la situación en los juzgados de Familia. Isidro Niñerola, expresidente de los Abogados de Familia, alerta de la «hecatombe» que se avecina.

El letrado atiende a LAS PROVINCIAS mientras prepara varias modificaciones de medidas. Aquí ya no sólo es el parón judicial sino, como en Social, las consecuencias de la crisis económica. Imaginen las personas que están en un Erte o las que finalmente pierdan su trabajo. «Esto va a generar innumerables peticiones para reducir las pensiones de alimentos, por ejemplo». El Gobierno ha pretendido tramitar esta cuestión, junto con la recuperación de horas con los hijos que no se hayan satisfecho por la pandemia, a través de un nuevo procedimiento que pretende tramitarse en diez días. «Esto será inoperante y no va a servir absolutamente para nada», adelanta Niñerola. El experto piensa que el ordenamiento actual permitía soluciones más imaginativas. Aparte de que se ignora «qué ocurrirá con las modificaciones anteriores a la crisis».

Además, quedan fuera de este trámite de urgencia las separaciones. Tras un periodo de convivencia tan intenso nadie descartaría un repunte de las rupturas. De igual modo, que se prevé un aumento de las denuncias por violencia de género tras una prolongada convivencia.

De igual modo, en la Jurisdicción Contencioso, el incremento será notable. No se puede olvidar que según los expertos existen muchas probabilidades de que los jueces tumben las multas por saltarse el confinamiento. Pero también cualquier reclamación de una empresa que se haya visto perjudicada directamente por una decisión de la Administración.

Las investigaciones penales sufrirán otro importante retroceso. Los juzgados de instrucción han suspendido miles de declaraciones y llevan dos meses sin dictar apenas resoluciones. De igual modo, tampoco han celebrado sus delitos leves. Y, además, existe la duda -fiscalía entiende que empiezan de cero- de si los plazos de investigación (6 o 18 meses) comienzan desde el inicio. Una circunstancia que penalizaría a las defensas. Todavía no se conoce la posición de los jueces. Y luego, en un futuro, habrá que ver las atenuantes de dilaciones indebidas, que posiblemente se dispararán. Estos dos meses de parálisis generarán un retraso mucho mayor.

En Mercantil, la situación también será asfixiante. Los jueces de Alicante ya han planteado alguna propuesta ante el «previsible aluvión». Así, consiste en durante los próximos tres meses apartar todo lo que no sea urgente y centrarse en los concursos de acreedores que presenten viabilidad y, en especial, en todos los concursos de empresarios personas físicas o autónomos para permitir que puedan acceder a la segunda oportunidad de manera rápida.

ALICIA TALAVERA.- Agustín Ferrer, decano del Colegio de Abogados de Alzira desde enero de 2019, es el nuevo presidente del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA). Es consejero del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y Árbitro del Consejo Valenciano de Cooperativismo.

-¿Cree que son necesarios más jueces para mejorar el funcionamiento de la justicia?

-La Comunitat necesita muchos más jueces y desde el CVCA reclamamos que el número sea acorde a la población y a la gran cantidad de litigios. En partidos como el de Requena, los retrasos son notables. Además, hay que encaminarse hacia la especialización (división entre civil y penal) y no centralizar los órganos judiciales con la vuelta de juzgados de lo penal como el de Torrent, Alzira o Paterna. Una cuestión clave ahora para evitar más retrasos, desplazamientos y riesgo de contagio.

-¿Cuál es su objetivo al frente del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados?

-Queremos poner en valor la posición de la abogacía en la sociedad valenciana que en estos momentos debe tener un papel fundamental porque estamos 24 horas al día defendiendo los derechos de los ciudadanos. Por eso consideramos que los juzgados deben abrirse ya, la actual parálisis no es aceptable. También se debería impulsar el expediente electrónico.

-¿Cómo debe ser la desescalada a nivel judicial?

-La situación debe desbloquearse porque la litigiosidad va a duplicarse o triplicarse. El plan del Gobierno, con funcionarios mañana y tarde, no va a servir para agilizar los trámites ya que es la misma plantilla y no se van a hacer más horas.

-¿Cómo abordará las relaciones con las instituciones?

-Las leyes requieren de consenso y los abogados somos los que estamos día a día en los juzgados. Tampoco tiene sentido que no se nos consulte cómo abrir los juzgados porque se trata de cuestiones técnicas y no políticas. Necesitamos una planificación para prepararnos y que se dote a los funcionarios y a los ciudadanos de medidas de seguridad. Espero que la administración esté a la altura.