La parálisis en el Poder Judicial bloquea ya cuatro altos cargos en la Comunitat

La falta de renovación de los vocales del Poder Judicial, una situación enquistada desde hace ya cinco años, tiene otras consecuencias más allá de la evidencia de que los dos grandes partidos se mueven por intereses partidistas y no por un sentido institucional. La principal es la imposibilidad de renovar a determinados cargos de la judicatura en la Comunitat.

El bloqueo afecta ya a cuatro altos responsables. Entre ellos, la más importante es la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, Pilar de la Oliva. La principal dirigente del alto tribunal lleva más de tres años ejerciendo en funciones, pero con las mismas atribuciones que durante la anterior década. De la Oliva se presentó en su momento como una alternativa para desbloquear la supuesta falta de un candidato idóneo para sustituir a Juan Luis de la Rúa quien optaba también en aquel momento a su tercer mandato.

El tiempo transcurrido ha silenciado el debate acerca de su sucesión. De lo Oliva nunca ha desvelado, al menos de manera pública, si estaba dispuesta a presentarse a una tercera etapa –algo poco frecuente en las presidencias de TSJ aunque existen antecedentes- u optaría por abandonar esta responsabilidad. De hecho, una reforma había limitado a dos mandatos el periodo máximo. Sin embargo, al parecer, la presidenta podría esquivarlo con la disposición transitoria de que ya estaba nombrada en el momento de la modificación.

De la Oliva ahora ya ha cumplido el 60% de lo que hubiera sido ese hipotético tercer mandato en caso de respetarse los plazos. Su caso no es único, pero sí el más representativo por la importancia del cargo que representa, un oficioso tercer puesto en el rango de autoridades en la Comunitat.

En la Comunitat, en idéntica situación figura el presidente de la Sala de lo Contencioso, Manuel José Baeza y los presidentes de las Audiencias de Castellón, José Manuel Marco, y el de Alicante, Juan Carlos Cerón. La situación se complicará, además, en los próximos meses. En noviembre termina el mandato de la presidenta de la Audiencia de Valencia, Esther Rojo, y también del presidente de la Sala de lo Social, Javier Lluch. Se da la circunstancia de que Rojo era precisamente candidata a ser vocal del Poder Judicial en el momento en que todo el proceso de renovación se detuvo. La presidenta del TSJ ya se pronunció al respecto de esta inédita situación que calificó como «retraso inadmisible».

La parálisis en el órgano de gobierno de los jueces se inició en diciembre de 2018. A comienzos de 2021, PSOE y Unidas Podemos, socios en el Gobierno, impulsaron una reforma para impedir que el Consejo General del Poder Judicial pudiera realizar nombramientos mientras se mantuviera esa situación de interinidad.

No parece probable que la solución llegue en un breve periodo de tiempo si se mantiene el actual clima de tensión entre los dos grandes partidos, con acusaciones constantes por supuestos casos de corrupción como el caso Koldo o, como contrapartida, el supuesto fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Ahora la excusa apunta a esa atmósfera constante de reproches, pero antes fueron otras circunstancias como determinadas declaraciones de Podemos en el primer Gobierno de coalición. El PP de Pablo Casado negoció en varias ocasiones una renovación del Poder Judicial sin que se llegara a un acuerdo.

La llegada de Alberto Núñez Feijóo auguraba un nuevo clima en las relaciones entre ambos partidos, lastradas por una feroz oposición de los populares. Pero eso finalmente no se ha materializado en un avance real.

El PP designó a Esteban González Pons, uno de sus hombres en el núcleo de confianza, como responsable de las negociaciones. Los populares mantienen su disposición a renovar la composición del Consejo conforme a la ley vigente, pero mediante un pacto conjunto que incluya ya la futura reforma en el modelo de elección de los vocales que consiste en que sean ellos quienes escojan a los vocales. Hasta ahora el Gobierno se ha cerrado a este punto, al considerar que la mediación europea se debe limitar a la elección de los nuevos miembros. Pero los conservadores quieren ir más allá y forzar a los socialistas a asumir todo el bloque para hacer políticamente más aceptable un acuerdo con este Ejecutivo.