Los partidos en Les Corts bordean la ilegalidad en su política de contratación

En marzo de 2021 los grupos parlamentarios llegaron a un acuerdo para dotar de más transparencia a lo que hacen con el dinero que reciben del Parlamento valenciano. Estamos hablando de unos cuatro millones de euros repartidos entre los partidos, de los cuales se daban pocas explicaciones. La Sindicatura de Comptes puso el foco en ello. Morera se sintió presionado y, a su vez, impulsó un acuerdo de los grupos, que inicialmente se resistieron. Querían seguir haciendo y deshaciendo sin demasiada fiscalización. El pacto era que, a partir de este año, ese espacio de opacidad económica cambiaría a través de unas nuevas normas de reguladoras de contabilidad y control sobre las subvenciones. Entre las medidas está la de cerrar los balances al final de la legislatura, en mayo de 2023, un final de ciclo que implicará el despido de todos sus trabajadores, para que, con el resultado de las elecciones se retome la actividad con nuevos grupos parlamentarios pocos meses después. El problema, según los abogados a los que se ha consultado, así como fuentes jurídicas cercanas a los grupos parlamentarios, es que se trata de maniobras de dudosa legalidad.

El poder legislativo saltándose las leyes laborales. Lo de despedir trabajadores, echar el cierre y volver a abrir la persiana unos meses después, para contratar a quien se considere conveniente se puede interpretar como una sucesión de empresas. Si se lleva a la Inspección de Trabajo podría dar la razón a aquellos a quienes los partidos finiquiten por unas supuestas razones objetivas (el fin de la legislatura) que en los tribunales tienen visos de convertirse en despidos improcedentes.

Lo de hacer borrón y cuenta nueva cada legislatura es un poco complicado en Les Corts. Los grupos parlamentarios han querido hacer un 'Gatopardo'; es decir, que todo cambie para que todo siga igual. Sin embargo, no tiene fácil encaje legal. Ni económico. Las plantillas de los grupos parlamentarios se diseñaron con una condiciones laborales que ahora han cambiado, justo a mitad de la partida, con ese acuerdo de marzo de 2021. El despido implica pagar indemnizaciones. La cuestión es cuánto. No es lo mismo un despido por razones objetivas, amparado en un acuerdo de Les Corts, que un despido improcedente. Los grupos están ahorrando precisamente para abordar unos finiquitos que, sin embargo, podrían incrementarse y mucho por la vía judicial.

¿Quién sería responsable si no se pagan esos despidos porque, por ejemplo, un grupo parlamentario desaparezca y el partido se quede sin fuentes de financiación? ¿Los diputados de mayor rango que forman esos grupos parlamentarios y que, por tanto, son responsables de sus cuentas, están dispuestos a asumir la responsabilidad económica que podría generar una denuncia?

Fuentes de los grupos admiten la dificultad que supone amoldarse a unos cambios decididos hace un año sin demasiado asesoramiento legal. No hay informes de los letrados de Les Corts que avalen esos cambios. Los expertos en jurisprudencia laboral consultados por este periódico auguran problemas serios a la hora de ejecutar lo acordado por los grupos. El montante global de las indemnizaciones por despido se elevará a decenas de miles de euros. El problema es que, de algún modo, todo eso puede acabar además generando un coste añadido para las arcas de Les Corts. Quien primero vio venir este toro fue Podemos. El pasado mes de febrero, los morados solicitaron a Les Corts que sea el parlamento el que pague las indemnizaciones por despido a los trabajadores de los grupos parlamentarios.

En el Congreso de los Diputados este tipo de situaciones se resolvieron siendo la propia Cámara Baja la que contrata al personal eventual en función del número de diputados que obtiene cada grupo parlamentario en las elecciones. No es lo mismo depender de una institución que sigue pase lo que pase y en calidad de personal eventual, que ser contratado y despedido por un grupo que es susceptible de desaparecer tras unas elecciones.