El Fiscal, sobre la cuenta opaca del PP: «Era la cueva de Alí Babá»

Fin de la defensa de Fuster. La sesión se da por finalizada.

Arremete ahora el letrado contra la «deriva acusatoria» de la Fiscalía. Recuerda la defensa el afán del fiscal de recurrir el archivo de la causa por parte de la Audiencia de Valencia y la posterior resolución del Tribunal Supremo. «El fiscal, con habilidad pero sin razón, extrae algunas conclusiones...»

La defensa pide que las dilaciones sean una atenuante muy cualificada. Han pasado ocho años desde el inicio del caso al juicio.

Regresa el famoso Comité de Campaña. Es allí donde se tomaban las decisiones que luego ejecutaba Fuster. Esa era su función, que no salía más allá de su despacho.

Las dádivas se ofrecen al PP, no a Mari Carmen García Fuster. «Es más, es que no se les entrega ni directamente a ella». Pero los donativos se entregan al grupo sin que mi clienta intervenga directamente.

Ataca el letrado al fiscal por sus acusaciones de cohecho. Habla de que es por consideración a su cargo, pero Fuster no es autoridad ni funcionario público. Es personal eventual, según un informe del Consistorio.

La defensa de Fuster recuerda que el pinchazo a Alcón y su hijo fue desmentido posteriormente por la edil en el TSJ, en la investigación abierta a Miquel Domínguez por el pitufeo.

El grupo municipal del PP ni Fuster tienen participación en lo que dijo Gordillo. Se trataría en todo caso de una operación entre dos particulares para pagar una deuda de un tercero. «Es que eso es un dinero imaginario», resuelve.

La cuenta del Sabadell. La Fiscalía habló de «comisiones». Pero cuáles son estas, por qué se hacen y cuál es el motivo. Esto no ha sido aclarado ni explicado por las acusaciones. Y recuerda la defensa: Fuster no tenía competencias para adjudicar contratos.

Fuster declaró que todos los donativos fueron entregados en 2010. Nunca más los recibió por parte de los colaboradores. En este sentido, nadie ha desacreditado este motivo. Si el tribunal cree que en el momento de preguntar por los donativos (abril de 2016) se le acusa de manera implícita de cohecho, también este delito estaría prescrito al haber transcurrido más de cinco años.

No se acusa de cohecho nunca a García Fuster hasta que llega el escrito de apertura de juicio oral, mantiene el letrado. El juez debió haberle informado en el momento de la instrucción en el que cambiaran sus circunstancias o interpretación de los hechos y se dirigiera contra ella una acusación de cohecho.

El abogado repasa diez hitos en los que se le podía haber informado de esa imputación y no se hizo.

Sostiene que desde el inicio no se le acusó de cohecho sino de blanqueo de capitales.

La defensa insiste en su principal vía argumental: la causa está prescrita.

El letrado agradece la actuación del fiscal que ha llevado la acusación en el juicio pese a que no ha podido liberarse de la herencia recibida, en relación a los postulados del fiscal que llevó la instrucción.

Llega la defensa de García Fuster. Comienza su letrado, José María Corbín.

El letrado lamenta la destrucción de facturas en Turismo Valencia, pero lo que es «inexplicable» es el borrado informático.

El letrado repasa las cantidades que aportaron las empresas financiadoras con los contratos o facturación que tenían en el Ayuntamiento. «Era calderilla», señala.

La acusación popular aborda ahora los pagos a una empresa de Bélgica, que carece de empleados y actividad. La sociedad estaba vinculada a Laterne. Otra fórmula de ocultar los pagos a la mercantil.

Grau ha recurrido continuamente a decir que las decisiones se tomaban por consenso, por órganos colegiados... Hace un buen apunte el letrado, que no había sido aclarado en el informe del fiscal. Lo límites presupuestarios de las campañas no eran del PP de Valencia ciudad sino de toda la provincia. Es decir, que el PP de Barberá,, por ejemplo, gastó dos millones cuando lo legal para toda la provincia era de 150.000.

Vamos con Alfonso Grau. «Está en centro de todas las operativas corruptas».

Los indicios de que las empresas entregaban ese dinero para mantener las adjudicaciones no ha sido desacreditado.

El abogado de Compromís recuerda la declaración de Fuster sobre el recaudador. La cuenta del Banco Sabadell. ¿El origen de los fondos es ilícito? «Cualquier dinero que tenga el PP al margen de la subvención y cuotas es ilegal»

En el colmo de las excusas, ya como octava versión, habla del hombre que le amenaza en una calle poco concurrida para que entregara la documentación. Nada tiene sentido, según el letrado. Pero, además, existe una coherencia plena entra su primera declaración y la documentación que aporta.

Recuerda el letrado cómo en la testifical Gordillo va dando excusas «in crescendo'. Primero dijo que estaba muy cansado por las horas que había declarado, luego que la Guardia Civil le había presionado, más tarde que los agentes ponen lo que ponen... Y luego que le había contado al juez que le habían amenazado y que este le dijo que eso era habitual. Y ya, por último, habla de que se encuentra en un bajo estado de ánimo porque se está separando...»

El letrado se centra en las declaraciones de Jesús Gordillo. Se trata, sin duda, del hombre clave para desenredar el entramado delictivo alrededor del PP.

Compromís ejerce la acusación popular. Es la única pieza en la que permanece de todas las causas de corrupción.

Ya estamos por aquí de nuevo...La acusación popular se opone a las dilaciones indebidas. Recuerda que hay que tener en cuenta la naturaleza de la causa, compleja desde sus inicios.

Termina el informe del fiscal. Receso de unos minutos...

Malversación «es imposible» que haya prescrito. Con el cohecho, hay más dudas. Es continuado y, por tanto, la prescripción comienza desde el último día que se produjo un acto de este tipo. Los últimos ingresos fueron en julio de 2104 y se le tomó declaración antes de los cinco años. Si esos ingresos no forman parte del cohecho, pues entonces ha prescrito, admite el fiscal.

«Estamos en un momento de furor legislativo», desliza el fiscal respecto a las constantes modificaciones a la hora de explicar cuál se aplica al caso.

La continuidad delictiva favorece a las empresas. Podríamos haber acusado por dos delitos continuados de malversación, indica el fiscal.

Para el fiscal, son públicas. Las constituye el Ayuntamiento, las preside la alcaldesa o quien ella designe, realizan funciones públicas, como la promoción de Valencia, y reciben una buena parte de sus ingresos de la Administración pública.

¿Son públicas o privadas las entidades que financiaron al PP? Esto es complejo, admite el fiscal. Esta es una de las grandes incógnitas de este proceso. En el caso Nóos se resolvió que Turismo Valencia era privado.

La Fiscalía sostiene que los acusados son funcionarios públicos a efectos penales. Grau estaba en una posición estratégica para determinar contratos del Ayuntamiento. Igual que García-Fuster, que cobra del Ayuntamiento. Todos participan del ejercicio público y manejan dinero público.

Vamos con la calificación jurídica...

Malversación continuada y cohecho continuado, aparte de la falsedad documental.

Otra fundación bajo sospecha:  Innovación Urbana y Economía del Conocimiento (Fivec). Laterne supuestamente hizo el Plan de Modernización por encargo de esa entidad dependiente del Ayuntamiento. La Fiscalía lo pone en cuestión.

El informe se concentra ahora en los pagos de Turismo Valencia a la empresa Laterne y cómo, en teoría, el papel de Salinas resulta capital para dar el visto bueno a la salida de fondos. «Los testigos nos han dado la razón de que Laterne ni hizo nada»-

Cerca de 50 minutos ya de informe... Vuelve el fiscal a admitir que no han citado a muchos testigos que sí han declarado en instrucción. ¿Les hubiera perjudicado la declaración de los empresarios que supuestamente colaboraron con el PP?

El abogado de Grau, gesticula. No está de acuerdo con algunas afirmaciones respecto a su cliente.

La Fiscalia repasa el relato de los testigos favorables a las tesis acusatorias...

«Con 100.0000 euros el PP para sus campañas electorales no tiene ni para aperitivos», concluye el fiscal respecto a la donación de la supuesta donante generosa del PP, García Lliberós, ya fallecida.

El fiscal se concentra ahora en el supuesto recaudador del PP. Ese que García Fuster dijo que se había inventado.

La acusación pública recuerda que todo lo que hizo en instrucción se comprobó que era cierto. La Fiscalía, en este punto, recuerda que citó en el juicio al periodista que recibió la información de Gordillo para desmentir este repentino cambio de testimonio.

La declaración de Gordillo, de nuevo, parece esencial en esta historia. El fiscal la vuelve a traer a su informe. El dinero que le dieron en efectivo y los pagos que realizó... Pero en el juicio cambió por completo. «Hizo lo que hacen los malos declarantes, echar la culpa a la Guardia Civil, al juez y al fiscal». «No nos creemos nada», sostiene el fiscal.

Hasta aqui, dice el fiscal, el relato de hechos. Ahora va con las pruebas... La piedra angular de todo el entramado son Grau y García Fuster.

El fiscal se centra ahora en la campaña de 2011, una operativa muy similar, pero más sencilla. Recuerda los pagos de García Fuster en efectivo a determinados proveedores... Esa campaña no se encargó a Laterne sino a la agencia Trasgos. Grau hace lo mismo que en 2007. Recurre a las empresas que han aportado en la anterior campaña. De nuevo, cifras redondas.

En este sentido, conviene recordar también el cheque que García Fuster le dio a Jesús Gordillo para que pagara a la agencia. Este era de 150.000 euros. Justo el dinero que oficialmente costaba la campaña, destaca el fiscal.

Pero aún quedaba una tercera vía de ingresos. Ingresos en efectivo. Algo totalmente irregular en una operativa de una empresa.