m. hortelano
Miércoles, 3 de febrero 2021, 17:00
La consellera de Transparencia y coordinadora de EUPV, Rosa Pérez Garijo, se siente «perseguida» por la Justicia, tras la reanudación de la instrucucción de la parte del caso Imelsa que afecta a la contratación de asesores; los denominados 'zombies'. La jueza que investiga las presuntas contrataciones irregulares de personal eventual en la empresa pública de la Diputación de Valencia ha mantenido a la exdiputada provincial entre los afectados por la causa (acudió en su día a declarar como investigada por la policía) y ha vuelto a citar a declarar a los asesores, incluido el de Pérez Garijo. «Soy la denunciante, me siento perseguida. Espero que esto no vaya a más porque significaría que la justicia no está funcionando», ha asegurado hoy, tras la rueda de prensa para presentar el nuevo portal de Participación ciudadana de la Generalitat.
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La consellera de Transparencia, a preguntas de este diario, ha reconocido que no se le pasa «por la cabeza» pensar en tener que asumir responsabilidades políticas en caso de que la jueza envíe la pieza al TSJ por su aforamiento si decide finalmente convertir la imputación policial en judicial. «Hemos hecho el trabajo de denuncia y está bien hecho, Desde mi organización, no vamos a dar la espalda a alguien cuando una persona hace una denuncia y hay una persecución», aseguró, y lamentó las consecuencias que, en su opinión, acaba suponiendo «denunciar la corrupción». «Mi obligación era denunciar, pero sabía que jugaba contra la maquinaria del poder institucional».
La consellera reconoció que si tiene que volver a acudir a declarar para «volver a explicar» lo que en su día denunció, «se volverá a hacer». La responsable declaró en su día ante la Guardia Civil como investigada por la contratación de un asesor. Sin embargo, esa imputación policial nunca se materializó en una resolución judicial. Nunca se le citó a declarar. Ahora, casi cinco años después y con las consecuencias penales aún vigentes, la jueza sustituta ha retomado la causa con nuevas imputaciones de asesores. Sin embargo, este juzgado nunca podría actuar contra la consellera porque es aforada. En el caso que tras las averiguaciones, persistan los indicios de delito, el asunto debería trasladarse al TSJ.
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