Una perito en el caso Alquería: «Ni informe ni expediente ni justificación»

Día realmente malo para las defensas. La perito de la Intervención General del Estado (IGAE), una profesional con enorme experiencia y prestigio, ha sido contundente a la hora de detallar las irregularidades en la contratación de los altos directivos. No hubo un expediente de contratación, ni informe de la necesidad de esas incorporaciones ni se explicó por escrito qué funciones iban a desempeñar en la empresa pública ni los requisitos para acceder. Como colmo, se evitó que pasaran por el consejo de administración, tal y como ha quedado acreditado en la causa. Este fue el comienzo, una especie de resumen de irregularidades, de su comparecencia en la Ciudad de la Justicia.

La experta de la Administración General ha llegado a estas conclusiones tras analizar las sentencias del Tribunal Supremo sobre este particular. En 2015, según ha recordado, no era posible contratar de esta forma salvo una serie de «necesidades inaplazables» que, en este caso, no se cumplía. «Se trataba de dar apariencia de legalidad para coger una serie de señores y darles un puesto de trabajo de alta dirección. Se usa esa figura para darles ese puesto». Los peritos de la defensa, que han expuesto a la vez que la profesional de la IGAE, se han opuesto a que la normativa fuera en aquel momento aplicable a la empresa Divalterra, que quedaba fuera.

La experta del Estado ha indicado que el consejo de administración es el encargado de designar órganos o comisiones delegadas y sus integrantes, así como sus funciones. «Me sorprendió ese consejo de dirección que no estuviera en los Estatutos». Los peritos de la defensa consideran que se trataba de una «reunión informal» entre la Diputación y el consejo de administración. «No le dimos mayor importancia». También ha discutido que fuera de la empresa pública y no de la corporación.

Otro de los puntos bajo disputa fue la incidencia de esta actuación en los fondos públicos. La pericial 'oficial' ha subrayado que no se produjo un aumento de los ingresos que pudiera explicar la contratación de los directivos. «Y eso solo sería un indicio». Porque una empresa pública ha de ser solvente por necesidad porque todos los recursos son públicos. «No es bueno tener una gran masa de dinero sin utilizar. Eso es ineficaz porque no van a necesidades de los ciudadanos». En definitiva, que la llegada de estos altos directivos no fue debido a un aumento de la actividad. Los peritos de la defensa, en cambio, no da aparente importancia a esta cuestión.

En Turismo, por ejemplo, la IGAE sugiere una cesión ilegal de trabajadores. Divalterra recibe de Turismo una cantidad de dinero que sólo es para pagar las nóminas de los trabajadores. «Pero no había nada en la memoria ni de trabajo. Al pinchar en la web, te remitía a la Diputación».

La especialista no admite dudas de que Divalterra no puede tener diez altos directivos. Por ejemplo, la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) podría tener hasta seis, pero sólo tiene dos de alta dirección. «Los de alta dirección son los que tienen influencia en todo el negocio», ha precisado. El status quo, cuando ya tenían diez directivos, era darle un puesto en el grupo 2. «La actividad de Divalterra tampoco es estratégica».

De nuevo, la perito ha indicado que existe una medida de control interno que es averiguar si existe dinero para abonar las nuevas contrataciones, una circunstancia que aquí tampoco se dio. También se ha abordado el papel de buena parte de los acusados en la trama, los directivos contratados para supuestamente ordenar la empresa pública. El resumen es que no se aprecia que hicieran nada, no consta su firma en proyectos. Así ha sido el repaso, uno por uno, de todos los directivos.

Anticorrupción ha seguido ahondando en las cuestionas más favorables para la Administración. La perito ha supuesto un ejemplo que ha enervado a las defensas para cuestionar el papel de estos contratos de alta dirección. «¿Alguien se imagina que en Mercadona se toma una decisión sin que el señor Roig lo sepa?».

El perito de las defensas habló de una «especie de relajación» en la contratación de altos directivos, según las sentencias que había analizado. Más tarde, aclaró que era una mera opinión, que las resoluciones no hablaban de ese concepto. Estos dos expertos trataron de separar las funciones de altos directivos en la empresa privada y del sector público.

El intercambio de pareceres entre los peritos ha sido tenso, pero respetuoso. La de la IGAE ha contado una anécdota, no por ello insignificante. Cuando la perito estaba elaborando el informe sobre el caso Imelsa, una de las personas que cada mañana le llevaba las cajas de documentación era uno de los que posteriormente descubrió que era uno de los altos cargos. «No me cabe en la cabeza que una empresa pública no diga que va a contratar a un alto directivo y por qué. Lo dice la Ley», ha rematado.

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