El PP pide a la Abogacía que actúe por las ayudas irregulares del Distrito Digital

La Intervención de la Generalitat, el órgano interno encargado de la fiscalización de las cuentas públicas, desvela en su último informe irregularidades sobre el reparto de 1,6 millones en ayudas a empresas para su instalación en el Distrito Digital de Alicante. En concreto, la distribución de los incentivos económicos de hasta 40.000 euros por compañía se hicieron desde la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV), a pesar de que como detalla el informe de cumplimiento, la empresa pública no tenía capacidad para hacerlo. De hecho, la Intervención valora de manera desfavorable la concesión de ayudas y alerta de que «no se ajusta a la normativa aplicable», como reza en el informe desvelado por este diario.

Así, el PP valenciano pedirá al Consell que solicite a la Abogacía y a la propia Intervención que inicien un expediente de derivación de responsabilidades para dirimir qué hacer con las ayudas. Los populares reclamarán que los abogados de la Generalitat actúen de oficio para conocer qué irregularidades ya alertadas por Intervención se han cometido en el proceso por parte de la SPTCV y apliquen el control financiero de las subvenciones públicas contemplado en la Ley de Hacienda.

El portavoz de Economía del PPCV en Les Corts, Rubén Ibáñez, pedirá al Ejecutivo que detalle quién concedió las ayudas desde la SPTCV, si pasaron por el consejo de administración o por la comisión ejecutiva de la entidad y quién es el responsable final que ha provocado el incumplimiento de la legalidad. «Vamos a pedir que se dirima quién es el responsable y que el Consell nos explique qué va a hacer con el dinero y si va a pedir que se reintegre tras haberse repartido de manera irregular, como alerta la Intervención», aseguró ayer el parlamentario popular. «Esperamos que la Abogacía actúe de oficio en este caso como lo hizo en ocasiones anteriores con actuaciones que afectaban al PP», dijo ayer.

Las ayudas sobre las que la Intervención pone la vista son donaciones modales para la promoción y creación de una distrito digital en la ciudad de Alicante, y se encontraban incluidas en el reglamento de «minimis», las ayudas que por su baja cuantía no deben ser comunicadas al área de Competencia de la Comisión Europea porque no vulnerarían las normas del mercado empresarial. Sin embargo, la Intervención asegura que la distribución de ayudas no se ajusta a la normativa porque las bases que las regulan no pueden ser aprobadas y ejecutadas por la SPTCV, sino que deben ser aprobadas «mediante una orden del titular de la Conselleria de la que dependa la entidad». En este caso, del conseller de Hacienda, Vicent Soler, y no del director de la empresa pública. Todo eso, sin perjuicio de que pueda resultar admisible conforme a derecho la colaboración de la SPTCV configurada como entidad colaboradora.

La Intervención de la Generalitat ya cuestionó en un primer informe el procedimiento y advirtió de que la SPTCV es una sociedad mercantil que forma parte del sector público empresarial y fundacional de la Generalitat, por lo que está sujeta al ordenamiento jurídico privado. Un detalle relevante porque la entidad que preside Antonio Rodes no tiene potestades administrativas «y no puede convocar ni conceder subvenciones». Pero la empresa presentó alegaciones y su director aseguró que la mercantil tenía razón frente a la Intervención porque «la actuación de la Sociedad está avalada por informes jurídicos. Intervención puede tener otro criterio y lo respetamos pero nuestros informes son de antes de dar estos incentivos, que son donaciones modales», defendió Rodes. Pero Intervención no ha comprado esa versión.