La UCO pide datos urbanísticos de la Vila Joiosa

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han reclamado al Ayuntamiento de la Vila Joiosa (Alicante) diversa información urbanística de la localidad en el marco del operativo 'Erial' en el que este martes fue detenido el expresident de la Generalitat y exministro, Eduardo Zaplana. Según informaron a Europa Press fuentes municipales, los agentes solicitaron información relativa a cuestiones de urbanismo aunque no han podido precisar qué buscaban exactamente.

La llegada de los especialistas se ha producido a primera hora de la mañana a las dependencias de la Concejalía de Urbanismo, y tras revisar documentación han abandonado el lugar. Cuando se han personado los agentes tampoco estaban en el ayuntamiento el alcalde, el socialista Andreu Verdú, ni el jefe de Servicio de la concejalía.

Eduardo Zaplana fue detenido el martes en su casa de València en un operativo en el que fueron arrestadas seis personas más por blanqueo de capitales. Se practicaron 22 registros, uno de ellos en la casa que tiene el expresidente en Benidorm y en otra vivienda que parece ser que era su residencia en pleno centro de la ciudad.

La UCO no pudo registrar ayer el piso de Monte Esquinza 14 porque todavía está en reformas. Los agentes que llevaron al exministro a Madrid solo pudieron entrar en su despacho en la sede central de Telefónica, en el emblemático edificio que la empresa tiene en la Gran Vía de Madrid.

Buena parte de las actuaciones se han desarrollado en Valencia. El pasado martes se procedió al registro de una alquería de la familia Cotino en Xirivella y las oficinas de la empresa Sedesa en Aldaia. El exdirector de la Policía y expresidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino, ha sido citado para declarar hoy ante la Guardia Civil como investigado. Dos de sus sobrinos (José y Vicente Cotino) fueron detenidos supuestamente por el pago de comisiones

Además de las siete detenciones, efectuadas el martes por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), en el marco de esta operación, en la que se investigan delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación, fueron también imputados la esposa de Zaplana, Rosa Barceló, y la secretaria personal de este, Mitsuko Henríquez.

El que fuera director de la Policía durante el gobierno de Aznar está ya imputado en el caso Gürtel en relación a las presuntas irregularidades en la contratación de las pantallas y la megafonía para la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006, hechos por los que se enfrenta a una petición del fiscal de 11 años de prisión. La Policía sostiene que fue el elemento clave en la adjudicación a la trama Gürtel.

La investigación del llamado caso Erial ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia y por la Fiscalía Anticorrupción y se centra en adjudicaciones «sospechosas» del Gobierno valenciano en la época de Zaplana (1995-2002) por las que un grupo de empresarios podría haber pagado en torno a diez millones de euros. Algunas fuentes, en cambio, elevan considerablemente el supuesto botín de Zaplana muy por encima de esa cantidad.

Están bajo sospecha, en concreto, las adjudicaciones de las ITV y del plan eólico, por las que los investigadores creen que los empresarios habrían pagado mordidas, pero son cautelosos a la hora de atribuir a Zaplana el cobro de esas comisiones. Todos estos hechos se produjeron hace más de diez años, en algún caso rozan las dos décadas, por lo que las actuaciones relacionadas con la malversación estarían prescritas. Sin embargo, todavía se mantendrían vivas las responsabilidades derivadas del cohecho, que prescribe a los 15 años, y el delito de blanqueo de capitales. Este ilícito requiere probar que el dinero proviene de un origen delictivo.