Cs pide que el reglamento del valenciano se adapte a las dos sentencias del TSJ

El grupo municipal de Ciudadanos va a pedir a los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Valencia que dictaminen si el reglamento municipal sobre el uso y normalización del valenciano está adaptado a Derecho; es decir, si es legal.

«Queremos saber si el reglamento aprobado en 2005 y aplicado ahora por (el alcalde) Joan Ribó queda afectado por lo expresado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) en relación al decreto sobre el uso del valenciano en la Administración de la Generalitat», afirmó ayer el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner. El dirigente del partido naranja anunció, además, que tienen intención de presentar una moción ante el Consistorio para que, atendiendo al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, la normativa municipal se revise y se adapte a la jurisprudencia que el TSJCV manejó hace apenas dos semanas para argumentar sus sentencias en contra de la legalidad de un decreto del Consell donde se priorizaba el uso del valenciano frente al castellano en diversos ámbitos de la Administración de la Generalitat.

Fernando Giner aclaró: «Estamos a favor del valenciano, como no puede ser de otra manera, pero estamos en contra de la discriminación del castellano, que son dos cosas completamente distintas».

Media docena de artículos y una disposición del reglamento municipal del Ayuntamiento de Valencia incurren en ideas análogas a las señaladas para tumbar el decreto del Consell por parte del TSJ. La jurisprudencia empleada por el alto tribunal para anular el decreto del Consell hace mucho hincapié en la ilegalidad de dar preferencia a alguna de las dos lenguas oficiales sobre la otra.

Igualmente, la doctrina del TSJ recalca que los ciudadanos no tienen que reclamar documentación oficial en castellano, sino que debe ser la propia Administración la que facilite sus documentos en los dos idiomas oficiales. Del mismo modo, el alto tribunal recuerda que la rotulación en valenciano exclusivamente discrimina a los ciudadanos castellanohablantes. El reglamento del Ayuntamiento de Valencia está plagado de referencias a la preferencia del valenciano, por lo que se sitúa en sentido poco acorde a la jurisprudencia que maneja el TSJCV.

En las consideraciones para dictaminar contrarios a Derecho, en total, 13 artículos de los 27 que integran el decreto, se emplea una jurisprudencia que colisiona con el reglamento municipal. El motivo de esa anomalía es porque «el uso del término 'preferentemente' para la normativa que regula el uso de las lenguas en territorios españoles bilingües fue invalidado por el Tribunal Constitucional hace tiempo», según indican expertos en Derecho Constitucional, en relación a la sentencia de 2010 del TC contra la validez del Estatuto de Cataluña. En aquella sentencia de hace ocho años se subraya la imposibilidad de señalar la «preferencia» de una lengua sobre otra, y ese argumento es el advertido por el TSJ valenciano en sus fallos contra el decreto del Consell, tal y como ayer adelantó LAS PROVINCIAS.

El reglamento municipal se aprobó en 2005, en tiempos del PP al frente del gobierno municipal en la capital del Turia. Sin embargo, fue diez años después, a partir de 2015, con la llegada de Joan Ribó a la alcaldía de Valencia, cuando se decide aplicar esa normativa con tanto rigor que, finalmente, en mayo de 2016 tuvo que admitir que hay leyes de rango superior que le impiden rotular únicamente en valenciano. Posteriormente, aún se han recibido quejas en los órganos estatutarios donde se denuncia el escaso entusiasmo del Ayuntamiento de Valencia por emplear los dos idiomas. A pesar de que el TSJ dio la razón parcialmente a un recurso de los populares sobre el decreto del Consell y anuló gran parte de su articulado, el PP, precisamente, ha preferido no incidir en la normativa local por estar elaborada durante sus mandatos. Fuentes populares señalan que no se puede impugnar un reglamento tantos años después de aprobarse y que lo que sí se puede hacer es instar a cambiarlo, o contar con mayoría suficiente para hacerlo.

En este sentido, el anuncio de ayer del portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, es un intento de adelantar esa modificación por las posibles disonancias entre el reglamento y la jurisprudencia. No obstante, haría falta que no sólo la oposición estuviera de acuerdo en introducir los cambios pertinentes para evitar chocar con las directrices del TSJ.

El análisis de estas analogías entre el reglamento municipal y el decreto del Consell que anuló en su mayor parte el alto tribunal valenciano disgustó ayer al entorno de Compromís en el Consistorio de la capital.

Juristas del ámbito nacionalista destacaron que se trata de un reglamento aprobado por el PP en su etapa al frente del Ayuntamiento, concretamente en 2005. Lo cierto es que la sentencia del TC que subraya lo inadecuado de dar preferencia a un idioma sobre otro está fechada en 2010, cinco años más tarde, y su estricta aplicación por parte del actual equipo de gobierno arranca en 2015. Igualmente, miembros del equipo del gobierno local vinculados a Compromís indicaron a través de las redes sociales que poner en evidencia la similitud entre las anomalías que inspiran el decreto del Consell y el reglamento del Ayuntamiento supone ni más ni menos que un modo de intentar «exterminar» a los valencianohablantes, lo que se llegó a equiparar con la persecución del pueblo judíó y con el 'apartheid' sufrido por los sudafricanos negros.