El PP considera incomprensible lo que sucedió ayer en un tren de Renfe a la altura de Caudiel, incidente que se saldó con más de una veintena de heridos, cuatro de ellos graves, al salir los atemorizados pasajeros del vehículo ante la proximidad de las llamas.
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Miguel Barrachina, portavoz adjunto del Grupo Popular en Les Corts, ha reclamado la comparecencia del presidente Ximo Puig en la Diputación Permanente de Les Corts para explicar cómo se permitió la salida del convoy en un trayecto en el que podía encontrarse con las llamas del incendio de Bejís. «No es momento de exigir responsabilidades, pero los valencianos necesitan tranquilidad», ha adelantado para justificar la exigencia de información cuando los incendios todavía continúan activos.
«¿Cómo es posible desalojar el municipio de Toràs a las cuatro de la tarde y que con posterioridad salga un tren desde Valencia en dirección hacia allí y que llegue dos horas más tarde y que tenga que ser evacuado?», se ha preguntado el diputado. Tras esta reflexión, el dirigente popular pretende averiguar «el nivel de coordinación y comunicación entre las distintas administraciones» que permitió que se produjera esta evidente imprudencia. De los 48 pasajeros, 25 resultaron heridos, según el balance de heridos.
Ningún responsable ha ofrecido hasta el momento un relato claro de qué ocurrió en el convoy, el papel de la maquinista y el comportamiento de los pasajeros, impredecible en una situación en la que, sin duda, temieron por su vida.
El PP aclaró que sólo busca explicaciones del presidente. La petición de los populares se produce 24 horas después de que otra diputada del PP, Elena Bastidas, indicara que no era el momento de hacer política con los fuegos en marcha.
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La C5, la línea afectada, también arrastra graves problemas de mantenimiento, según la información del diputado popular. Esto ha generado incendios en los pasados meses de mayo y junio por el paso de los trenes. «En la última comisión pregunté por el nivel de limpieza de esta zona», ha recordado.
Existe un área de protección de 140 metros, en los márgenes de las vías, que depende del Ministerio. Al parecer, estas tareas se efectúan cada dos años. Los servicios municipales y autonómicos no pueden actuar ahí porque se exponen a una sanción económica, ha indicado.
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