El conocido como 'caso pitufeo' sienta desde el 23 de enero en el banquillo de los acusados a algunos de los altos cargos del PP de Valencia, entre ellos al que fuera vicealcalde de la ciudad Alfonso Grau (en su día mano derecha de ... la exalcaldesa y exsenadora, Rita Barberá), a la exsecretaria del PP en el Ayuntamiento Mari Carmen García Fuster, al exdirector de la Fundación Turismo Valencia, José Salinas, y el axedil y exresponsable del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), Juan Eduardo Santón. Salinas y Santón están acusados de aportar fondos para las campañas electorales de los populares a través de las fundaciones satélites del Ayuntamiento de Valencia.
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La causa se inició con las primeras detenciones en el año 2016 y, después que fuera parcialmente archivada, finalmente se ha quedado reducida a una supuesta financiación irregular del PP de Valencia en las campañas electorales de 2007 y 2011.
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El juicio tendrá entorno a una veintena de sesiones debido a la gran cantidad de prueba solicitada por las partes y será otro de los juicios derivados de la macrocausa de Imelsa. Se trata de la última parte de la causa que se salvó del archivo masivo del pitufeo, el supuesto blanqueo de 50.000 euros de los populares en los comicios de 2015, decretado en su momento por la Audiencia y ratificado por el Tribunal Supremo.
Los investigadores descubrieron que en aquellas elecciones (2007 y 2011) -canalizadas a través de la empresa Laterne y luego de Trasgos- se sobrepasó con creces el presupuesto oficial de los actos y que el PP llevaba una especie de contabilidad paralela para pagar estas campañas.
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Todo el dinero se canalizaba a través de las dos agencias anteriores que posteriormente recibían facturación de empresas contratistas del Ayuntamiento, según la UCO. Jesús Gordillo, mano derecha del exvicealcalde durante años y luego colaborador de Anticorrupción, terminó reconociendo que Grau le dio 350.000 euros en efectivo para pagar a proveedores del PP.
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Se da la circunstancia de que José María Corbín, uno de los principales investigados en la trama Azud, ejerce en este caso de abogado de Mari Carmen Fuster, la secretaria general del PP que controlaba supuestamente una caja B de los populares.
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En 2021 fue archivado una parte del 'caso pitufeo': el supuesto blanqueo de 50.000 euros por parte de la dirigencia del PP de Valencia a través del ingreso de 1.000 euros en la cuenta del partido y el reintegro, en efectivo, de esa cantidad. La Audiencia tumbó la investigación por no estar acreditado, al menos indiciariamente, el origen delictivo de los fondos de esa supuesta caja B.
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