El plan de ajuste del sector público pasa de anunciar recortes a subirlo un 10%

La Generalitat tiene desde 2016 un contrato suscrito con el Ministerio de Hacienda a modo de plan de ajuste en el que la Administración valenciana le detalla a la española el estado de sus cuentas y qué medidas tomará a lo largo del ejercicio para cumplir con la ley de estabilidad presupuestaria. En ese documento, que Hacienda revisa y aprueba y gracias al cual entrega a nueve comunidades autónomas préstamos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), tiene mención especial la reordenación del sector público de cada región. Y en el caso de la valenciana, el Consell, lejos de cumplir con sus propias previsiones de reducción de entidades, las ha aumentado.

Según datos aportados por la propia Conselleria de Hacienda año tras año al Ministerio, el sector público valenciano (las empresas públicas y fundaciones propias y en las que se tiene algún tipo de participación) ha pasado de contar con 117 entidades en 2016 a las 128 con que se llegó el 1 de enero de 2020. El Consell, sin embargo, en ese primer plan de ajuste, se comprometió con Hacienda a rebajar la cifra hasta las 104 entidades en este año. Es decir, un 11,2% menos de entes en los que el Gobierno valenciano es el único accionista o participa. Lejos de esa reestructuración, el sector público valenciano ha crecido casi un 10%, justo lo contrario.

En la actualidad, el sector público instrumental controlado en su totalidad por la Generalitat asciende a 60 empresas entre organismos públicos, entidades de derecho público, fundaciones o sociedades mercantiles. El resto son consorcios o empresas en las que el Gobierno valenciano tiene participación y que no dependen del Ejecutivo en su totalidad. Pero, las que dependen exclusivamente del Gobierno valenciano no sólo no han menguado en cifra, sino que se han incrementado. En lo que llevamos de legislaturas con el sello del Botánico, formado por PSPV, Compromís y Unidas Podemos, el número de entidades propias ha crecido en una decena.

Además, algunas de las empresas y fundaciones que iban a liquidarse, siguen operando a día de hoy, como es el caso de la reconvertida Sociedad Proyectos Temáticos, impulsora del Distrito Digital en Alicante. No sólo eso, en el último plan de ajuste remitido a Hacienda tampoco se detallan los planes de creación de hasta media docena de organismos para absorber nuevas competencias como la Agencia contra el Cambio Climático, la de la energía, o una empresa pública para rescatar la gestión de las ITV.

De las que se iban a liquidar, tan sólo cinco permanecen en proceso de extinción y cuatro estaba en condición de no activos. En los últimos meses, sólo se ha podido liquidar Feports.

En las 60 entidades gestionadas totalmente por la Generalitat, el presupuesto del sector público empresarial llegará este año hasta los 2.757 millones de euros. Una cifra que ha crecido sólo en cinco ejercicios un 35,2%. El último Consell del PP, el presidido por Alberto Fabra, dejó en 2.038 millones de euros el último presupuesto destinado a este entramado empresarial, pero en apenas cinco años se ha incrementado en más de 700 millones de euros. La cifra es todavía más llamativa en la cantidad que el sector público necesita para pagar los sueldos de todo su personal, que ha pasado de los 463 millones en 2015 a los 685 millones actuales, según se puede comprobar en los distintos presupuestos de la Generalitat en la web de la Conselleria de Hacienda. Sólo en personal, el Consell gasta ahora un 47,9% más de lo que lo hacía en 2015. Por el momento, las previsiones de la Conselleria de Hacienda ya han vuelto a modificarse y en el plan de ajuste de 2020, hecho público por el Ministerio esta semana, ya se traslada a 2023 en próximo reajuste, que el Consell cifra en 118 entidades en total. Una más que con las que empezó, dos legislaturas después.