El Plan de Sánchez se queda muy lejos de las demandas del Consell

Las medidas anunciadas este martes por Pedro Sánchez en su paquete de medidas para contrarrestar los efectos del temporal se quedan lejos de cumplir las expectativas del Gobierno valenciano. Pese a ser una primera parte de las ayudas que, según ha explicado el presidente, se destinarán a la reconstrucción de las comarcas arrasadas, el Consell que preside Carlos Mazón había planteado unas demandas claramente superiores. De hecho, Sánchez ha cuantificado en 10.600 millones el impacto total de estas medidas, frente a los más de 31.000 millones que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, estimó el lunes como necesarias dentro de la primera inyección de fondos públicos que, a su juicio, necesitará la administración autonómica.

Es decir, las medidas de Sánchez vienen a representar una tercera parte de las reclamadas por el Gobierno valenciano.

Entre sus medidas, Sánchez plantea un volumen de 5.000 millones de euros en avales del ICO para que pymes, autónomos y también familias, como novedad, puedan solicitar créditos avalados por el Gobierno para hacer frente a los gastos sufridos por la catástrofe.

Pero claro, son avales, no es dinero. Se trata de créditos que, obviamente, habrá que devolver. «Eso no es dar nada», remarca una fuente del Consell.

Entre los anuncios del presidente del Gobierno figura que el Consorcio de Compensación de Seguros empezará a abonar este mismo miércoles mañana las primeras indemnizaciones a aquellas familias y empresas que han perdido su vehículo, que serán un 20% superiores al valor de tasación del coche.

El Consorcio de Compensación de Seguros realiza siempre las tasaciones más bajas que cualquier otro seguro. «Al consorcio le pagamos con impuestos. Nosotros pedimos que además hiciera un Plan Move para cubrir la diferencia hasta el precio del coche nuevo». La propuesta no ha sido aceptada.

El presidente propone también una baja laboral temporal con hasta el 75% del sueldo. A una persona que cobrar 2.000 euros al mes supone quitarle 500 euros. Para los funcionarios públicos esa baja laboral temporal es del 100%, de modo que la medida tampoco es tan ventajosa.

Sánchez ha anunciado una moratoria para las hipotecas de tres meses y de otros nueve meses en los que sólo se abonarán intereses. A lo que no ha hecho referencia es a los gastos notariales que llevará acarreada la formalización de otra escritura notarial. «En la Palma aún siguen esperando y viviendo en casas prefabricadas», recuerda una fuente de la administración autonómica.

También ha proclamado que a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital les abonará durante tres meses un 15% más. El Ingreso Mínimo Vital supera por poco los 600 euros al mes, de modo que ese 15% representa poco más de 90 euros.

Sánchez ha comenzado su intervención anunciando que se elevan a 60.480 euros las ayudas por «destrucción total de vivienda», 41.280 euros por «daños estructurales», 20.640 euros por «daños no estructurales», 10.320 euros por «enseres de primera necesidad» y 36.896 euros por «comunidades de propietarios». de lo que no ha hablado es del parque público de vivienda para realojos.

Para pymes y autónomos de las zonas más gravemente afectadas, se articularán ayudas directas por 838 millones de euros. Estas ayudas serán de 5.000 euros para los autónomos y oscilarán entre los 10.000 y los 150.000 euros para las empresas, en función de su volumen de negocio. Para recibirlas, bastará con indicar el número de cuenta bancaria y empezarán a cobrarse en menos de un mes, beneficiando a unos 65.000 trabajadores autónomos y unas 30.000 empresas. Es decir a un total de 95.000 autónomos y empresas. Con las cifras que ha facilitado el propio Sánchez, asegura el Consell, salen a 8.821 euros cada uno, pese a que Sánchez ha anunciado un mínimo de 10.000 euros y un máximo de 150.000.

Entre las grietas de las propuesta, el anuncio de que va a pagar el 100% de los gastos de emergencia a los Ayuntamientos. ¿Y los de la Generalitat? También ha anunciado que pagará el 50% de las infraestructuras Ayuntamientos, aunque en realidad viene obligado a hacerlo porque esa condición está incluida entre las condiciones incorporadas a la Declaración de Zona Catastrófica.

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