Les Corts aprueba por unanimidad el cambio de la ley del estatuto del discapacitado

Les Corts Valencianes han acordado por unanimidad modificar la Ley de 2003 sobre el estatuto de las personas con discapacidad, con el fin de adaptarla a la Convención internacional sobre los derechos de este colectivo.

Esta convención internacional fue aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de Nacional Unidas (ONU), ratificada por el Estado español en diciembre de 2007 y en vigor desde mayo de 2008.

La propuesta de modificación de esta ley ha sido presentada y apoyada por todos los grupos parlamentarios a propuesta del Cermi, cuyo presidente, Luis Vañó, junto a otros representantes de colectivos de personas discapacidad, ha seguido el debate desde la tribuna de invitados de la Cámara.

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad tiene como finalidad básica y esencial conseguir que las personas con discapacidad tengan el control y la dirección de sus propias vidas y la no discriminación respecto de las personas, como una cuestión de derechos humanos.

Para ello, se establece el reconocimiento los derechos en condiciones de igualdad y el respeto a los derechos específicos de estas personas, junto con medidas de protección e indicaciones para que éstas puedan tener la máxima independencia, inclusión y participación.

Entre otros, se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a vivir de forma independiente, a la educación, a gozar del más alto nivel de salud, a trabajar en igualdad de condiciones, a tener un nivel de vida adecuado, al acceso a la justicia o a participar en la vida cultural.

La popular María José Català ha dicho tener una sensación "agridulce" con el debate de esta norma, por no haber podido tratarse en la comisión estudio de políticas de discapacidad, aprobada en 2016 y que aún no se ha puesto en marcha, y porque hay algunas cosas que, a su juicio, "han quedado en el tintero".

Ha lamentado también que el Consell modificara parte de este estatuto a través de la ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2018, y ha destacado la "generosidad del Cermi" por seguir aportando y colaborando, a pesar de haberle retirado subvenciones en los presupuestos.

La socialista Concha Andrés ha destacado que la Comunitat Valenciana es la primera autonomía que adapta este estatuto de personas con discapacidad a la convención internacional, y ha valorado el esfuerzo hecho por los grupos parlamentarios para llegar a acuerdos.

Andrés ha augurado que esta ley "va a romper barreras" y permitirá que las personas con discapacidad "gocen de todos los derechos y libertades a los que tienen derecho" y hará de la Comunitat "el mejor espacio" para que estas personas puedan desarrollarse tanto personal como profesionalmente.

La diputada de Compromís Mónica Álvaro, quien ha dicho que el objetivo era llegar a un acuerdo en el que todos los grupos estuvieran cómodos, ha deseado que este cambio legislativo sirva para hacer leyes transversales que reconozcan realmente la igualdad, también la de las personas con diversidad funcional o discapacidad.

Por parte de Podem, César Jiménez ha destacado que la ley amplía el reconocimiento de los derechos aquellas personas integradas en "ese concepto amplio que es el de las personas con discapacidad y que es tan diverso", y ha valorado el paso dado aunque ha reconocido que no todos los colectivos han visto recogidas sus aspiraciones.

Antonio Woodward (Ciudadanos) espera que la ley sirva realmente "como punto de inflexión" en el "compromiso inequívoco hacia una sociedad inclusiva" y que permita reafirmar que todas las personas, independientemente de sus capacidades, deben de gozar de todos los derechos y libertades fundamentales.