Esther Rojo es la única vocal valenciana en el recién desbloqueado Consejo General del Poder Judicial. Será el nexo de unión entre el gobierno de ... los jueces, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Generalitat. «No podemos trabajar como islas sino remando todos en la misma dirección». No es mal propósito para los cinco años que tiene por delante.
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–Usted estaba en ese listado de 2018 de candidatos al Consejo. Ha pasado tanto tiempo...
–Sí. Felizmente, la situación se ha conseguido desbloquear y ahora volvemos a la normalidad institucional, que es de lo que se trata.
–¿Había perdido la esperanza?
–No pensaba demasiado en eso. Estaba de presidenta de la Audiencia y el hecho de compatibilizar las tareas gubernativas con las jurisdiccionales deja, en realidad, poco margen para pensar en otras responsabilidades.
–¿A quién achacaría la responsabilidad de ese bloqueo en el Poder Judicial?
–No es momento de buscar culpables. Sobre eso han corrido ya ríos de tinta. Debemos centrarnos en el aquí y en el ahora, en la renovación y en toda la labor que tenemos por delante. Asumimos el desafío con satisfacción y muchas ganas.
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–¿El hecho de que la presidenta fuera una mujer era una cuestión irrenunciable?
–Ya tocaba. Como mujer y como jurista, tengo una enorme satisfacción de haber participado en la elección de la primera mujer presidenta del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.
–En alguna ocasión se ha planteado el tema de las cuotas para que las mujeres tengan más representatividad en las altas esferas. ¿Está a favor?
–Relativamente. Inicialmente hubiera sido necesario para superar determinadas barreras, pero también encierra una trampa, el hecho de no ser valoradas por nuestro mérito y profesionalidad y solo por representar una cuota. Eso creo que ya está superado. Las mujeres estamos donde estamos por derecho propio.
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–¿Qué retos tiene el nuevo Consejo?
–En primer lugar, destacaría una novedad. Hemos sido los propios vocales quienes hemos elegido a la presidenta. Y eso es relevante, sin indicaciones políticas. Respecto a los retos, debemos recuperar la confianza de la carrera judicial o, mejor dicho, del desapego de una parte de los profesionales y también la confianza de la sociedad en la labor de los jueces y tribunales.
–Hablaba del desapego de la carrera. Más de la mitad de los jueces no están asociados.
–Cierto. Es una elección libre de cada uno. Obviamente hay muchos que no lo están, pero hay que darles voz en todos aquellos procesos que afectan a la carrera judicial.
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–Pero es muy difícil que lleguen al Consejo u otros cargos de relevancia sin el aval de las asociaciones.
–Bueno, tal vez lo que tenemos que recuperar es realizar los nombramientos de acuerdo al mérito y capacidad. Ese el propósito de los vocales y de la presidenta, más allá de las cuotas y de las etiquetas.
–Hay previstas varias renovaciones de cargos judiciales en la Comunitat. La más importante, sin duda, la de la presidencia del TSJ. ¿Qué perfil debe tener el nuevo responsable más allá de las cuotas?
–Debe ser una persona con criterio, que no se ponga de perfil ante los problemas porque son muchas las necesidades y dificultades y que, además, tenga experiencia en órganos colegiados.
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–Respecto al proceso de elección de los vocales. El Poder Judicial debe ahora preparar un informe. Es un asunto complicado y difícil de resolver sólo con el hecho de que los jueces elijan a sus propios representantes, sin más intervención del poder legislativo. ¿Cuál es su opinión?
–Sería importante ver los países de nuestro entorno y comparar. Hay que hacer un estudio serio sobre esto. Mi opinión es que la carrera judicial algo tiene que decir en ese proceso.
–Bueno, eso ya lo hacen a través de las asociaciones.
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–Sí, sí. La carrera judicial no esta marginada en este proceso, pero es cierto que esta participación esta canalizada a través de las asociaciones. Una parte de los no asociados siente que están apartados del proceso y habría que articular un método para que toda la carrera, asociados y los que no, puedan acceder a estos puestos.
–Aterricemos en la Comunitat. Una situación que conoce de primera mano. ¿Se encargará de ella en el Consejo?
–Estamos todavía con eso. Soy la única valenciana en el congreso y casi con toda seguridad me encargaré yo como vocal territorial.
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–¿Qué necesidades tiene la Comunitat?
–El principal problema es la falta de planta judicial. Hacen falta nuevos órganos judiciales. En las Audiencias, por descontado. Pero también los unipersonales (Social, Primera Instancia) todos están con una carga de trabajo difícilmente asumible…
–Esto lleva así desde que empecé en este negociado, creo que hace 14 años.
–Mi experiencia como presenta de la Audiencia y miembro de sala de Gobierno es que tenemos que cambiar la política judicial cortoplacista por una a medio plazo. Es evidente que si creamos juzgados unipersonales y eso no va aparejado de una creación de plazas en las Audiencias, estas se colapsan. Hay un embudo en las Audiencia Provinciales tanto en Penal como en Civil. No se puede concentrar todo el esfuerzo en los unipersonales con medidas de refuerzo sin dar respuesta en los órganos superiores porque crea una situación muy preocupante y que me ha generado muchos desvelos. Lo saben mis compañeros.
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–Y la Audiencia no siempre ha sido bien cuidada por los diferentes ministerios de Justicia.
–En última instancia, el Poder Judicial acuerda la medida, pero la dotación económica para el juez y el letrado de la Administración de Justicia (LAJ) corresponde al ministerio. Muchas veces se informa favorablemente por parte del Poder Judicial, pero el Ministerio no dota o no lo hace con suficiente rapidez. Pero el refuerzo no es la solución. No podemos estar siempre con una justicia parcheada. La solución es la creación de plazas. Ahora están previstos los tribunales de instancia que reducirán la saturación... Pero el problema seguirá en las Audiencias.
–Lo de los tribunales de instancia creo que lo escuché por primera vez en boca del ministro Rafael Catalá (2014-2018).
–Creo que el primero que lo propuso fue Gallardón… Entonces, cuente todos los ministros que han pasado.
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–Pues eso.
–Pero yo soy de naturaleza optimista.
–¿Valencia necesita una segunda ciudad de la Justicia?
–Urgentemente. Lo hemos tratado varias veces. En primer lugar, hay que racionalizar las dependencias alternativas. Por ejemplo, buscar una sede o varias para algunos servicios que están en la demarcación actual. Hay que hacerlo con calma y sin levantar ampollas. Por ejemplo, la necesidad de aprovechar el atrio de otra forma.
–Usted desembarcó en la Audiencia en un periodo de grandes causas de corrupción.
–Nosotros hacemos nuestros trabajo abstrayéndonos del ruido de ambiente en estos casos con acusados relevantes y de interés mediático. Y los jueces, creo que es momento de reivindicarlo, tienen una alta preparación técnica.
–Desde determinados sectores se cuestiona, por ejemplo, el método de acceso. Parece haberse instalado la idea de que todos ustedes provienen de familias con dinero y de derechas.
–Es que los datos y la realidad son otras. El actual sistema de acceso garantiza la igualdad. Habrá familias que tengan que hacer un esfuerzo, por ejemplo, lo que ocurrió en mi caso. En otros supuestos, el esfuerzo será menor. Pero mire, en las encuestas de la Escuela Judicial el porcentaje de profesionales que procede de esos entornos judiciales es mínimo. La realidad, muchas veces, mata el relato.
–Regresemos a lo de corrupción. Su compañero Pedro castellano ha recibido duras criticas desde algunos partidos porque atribuyen decisiones (archivo del pitufeo y reapertura del caso Mónica Oltra ) a su ideología.
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–Defenderé siempre la profesionalidad de todos y cada uno de los magistrados.
–Y cuando escucha a algunos partidos hablar de la existencia de casos de lawfare.
–Lo rechazo absolutamente. Se trata de un eufemismo para decir algo de suma gravedad: la prevaricación de los jueces. Aquí nos dedicamos a interpretar y aplicar el Derecho. La disconformidad con una resolución se debe hacer por los cauces legales. Hay que cambiar el discurso y huir de las etiquetas y las trincheras. Hay que defender la profesionalidad.
–Comentaba antes que viene de uno de los cursos del Poder Judicial en materia de violencia de género.
–Tenemos una de las legislaciones más avanzadas de Europa en materia de violencia contra la mujer, juzgados especializados, la formación que da el Consejo, pero creo que ha llegado el momento de poner más énfasis en la prevención porque si no no avanzamos… Las mujeres tienen que tener la tranquilidad de que serán escuchadas y que se evitará la doble victimización, pero con un escrupuloso respeto a la presunción de inocencia. No hay otro modo en un estado de Derecho.
–¿Cree que determinadas afirmaciones como las de Vox pueden hacer dudar a las victimas?
–No voy a valorar declaraciones políticas, pero desde las instituciones es importante lanzar un mensaje a las mujeres para que denuncien esa situación y tengan confianza en la labor de las autoridades.
–Hubo mucha polémica con la reforma de la Ley del sólo sí es sí hasta tal punto que hubo que modificarla.
–Aplicamos una reforma que tuvo unos efectos no deseados, consecuencias que ya fueron advertidas en un informe del Poder Judicial y luego se rectificó. Estamos trabajando ahora con la nueva regulación. No fue una situación que nos gustara como tribunal sentenciador. Pero debemos aplicar la ley.
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–Algo similar, con la existencia de un informe en contra, ocurrió con la Ley de Amnistía. Me imagino que tampoco sería una situación cómoda para los tribunales.
–Está pendiente del Tribunal Constitucional. Hay que respetar el principio de separación de poderes, entre el legislativo y el judicial. No puede haber penados de primera y de segunda categoría y se debe garantizar el principio de igualdad que se quiebra, a mi modo de ver, con la Ley de Amnistía.
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