El Poder Judicial aborta por segunda vez la votación para la presidencia del TSJ valenciano

Segundo intento y segundo fracaso. La elección del futuro presidente o presidenta del TSJ -las posibilidades están al cincuenta por ciento- no está resultando tarea sencilla. Las negociaciones, que se mantuvieron casi hasta el comienzo del Pleno del Poder Judicial de este miércoles, no han fructificado en un acuerdo satisfactorio para todos los vocales. Finalmente, la propuesta no se incluyó en el orden del día.

Conviene recordar que no sólo se analiza la idoneidad de los cuatro candidatos al TSJ valenciano sino que las conversaciones pretenden cerrar también el resto de plazas de tribunales superiores que están pendientes. Así, el puzle a completar no sólo es Valencia sino que hay que sumar Cataluña, Castilla La Mancha, Andalucía y Castilla León. Tradicionalmente se ha tratado de repartir los nombramientos entre magistrados de diferente sensibilidad ideológica. Es decir, un número similar entre conservadores y progresistas.

Pilar de la Oliva, presidenta durante cerca de 14 años, se ha jubilado este mismo mes de enero. Ella pertenecía en su origen a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), aunque más tarde se separó de la organización.

Cuatro son los aspirantes a ocupar la presidencia del alto tribunal valenciano. Se trata del presidente de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Manuel José Baeza; el presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Juan Carlos Cerón; la magistrada en la Sala Penal Audiencia Nacional y actualmente jefa del Servicio de Inspección del CGPJ, María Dolores Hernández y la magistrada de la Audiencia Nacional, Carolina Rius.

Todos coincidieron en sus respectivas comparecencias ante la comisión de calificación del consejo en la necesidad de incrementar los medios (en especial, el número de jueces y juezas), de mejorar la coordinación de los diferentes estamentos judiciales valencianos y la vigilancia en la aplicación de la ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

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