El Poder Judicial abre un expediente al juez del pitufeo del PP por el retraso de la causa

El Poder Judicial, no obstante, ya ha tomado cartas en el asunto. Una queja de la Fiscalía por el retraso de esta causa se trasladó hace unos meses al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que preside de manera interina tras agotar su mandato, Pilar de la Oliva. De ahí se derivó de manera inmediata al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que abrió lo que se conoce como diligencia informativa, un examen superficial de los hechos para ver si tienen suficiente entidad para proseguir con las indagaciones. Se apreció la existencia de suficientes indicios de irregularidades.

Tras esto, el promotor de la acción disciplinaria, un juez que investiga todo este tipo de incidencias de jueces y magistrados, incoó el correspondiente expediente. En este proceso, se recoge también la versión del afectado. La resolución final puede ser el archivo o bien una propuesta de sanción. En este último supuesto, el expediente pasaría a la Comisión Disciplinaria. compuesta por siete profesionales. Son ellos los que en última instancia validan el hipotético castigo. El expediente se abrió en marzo. No ha concluido, tal y como informaron fuentes del CGPJ consultadas por LAS PROVINCIAS.

Medio centenar de políticos, entre ellos exconcejales, asesores y exasesores del Partido Popular, llevan cinco años a la espera de que el juzgado determine si hay suficientes indicios para sentarlos en el banquillo o corresponde el archivo de la causa. En caso de que el juez opte por la segunda opción, la Fiscalía Anticorrupción lo recurrirá. La acusación sostiene desde hace años que existen suficientes indicios de la existencia de una trama de blanqueo en la que participaron todos los investigados para 'limpiar' cerca de 50.000 euros de una supuesta caja B antes de las elecciones de 2015.

La situación en el juzgado, afectado por esta incomprensible parálisis, ha mejorado en parte con el trabajo de la jueza sustituta que ha sacado alguna de las causas relacionadas con la macrotrama de Imelsa y que llevaban ya varios años sin que se practicaran diligencias. Entre ellas, por ejemplo, la contratación ilegal de asesores en Imelsa y Ciegsa. Pero, además, también ha dado salida a la investigación del Bibliobus, un asunto de corrupción que mantiene a dos funcionarias del Ayuntamiento acusadas y en el que el Consistorio se ha retirado. El juez titular, que ha encadenado varias bajas por problemas de salud, regresó recientemente y sacó el auto de procesamiento por el amaño del call center de Alfonso Rus. Sin embargo, la gran causa de Imelsa, la conocida como operación Taula y que en su día implicó a Rita Barberá, sigue sin tener un futuro claro. Alguno de los investigados, al parecer, también habían tramitado quejas contra el magistrado ante la insostenible demora. La causa lleva parada, sin diligencias, cerca de dos años. En el caso de un juicio y una eventual condena, este retraso reduciría considerablemente las penas.

El día que se produzca un avance de estas actuaciones, el PP de Valencia, por otra parte, volverá a tener un problema sobre la mesa. María José Catalá decidió mantener en su equipo a personas de la etapa anterior que se encuentran investigadas por este asunto, como Cristóbal Grau o Luis Salom.