El Poder Judicial admite el retraso en la macrocausa del PP por Imelsa

l Poder Judicial ha admitido el retraso que acumulan las macrocausas de corrupción del PP derivadas del caso Imelsa que se instruyen en Instrucción 18. Algunos letrados ya expresaron sus quejas en el juzgado ante el retraso de las pesquisas y también el desorden que reina en alguna de las piezas separadas. En privado, el malestar de las defensas es todavía mayor. Incluso la Audiencia de Valencia, en la resolución de algún recurso, también ha censurado la marcha de estas investigaciones precisamente por el mismo motivo. Todas ellas afectan a destacados exdirigentes del PP como Alfonso Rus. En el último de los autos a los que ha tenido acceso este periódico se destacaba, de manera negativa, que en un año no se había hecho nada respecto al asunto de Ciegsa.

El servicio de Inspección del Poder Judicial efectuó hace unos meses una visita al juzgado. Se trataba de un procedimiento ordinario, aclararon en su día desde el órgano de gobierno de los jueces. Los especialistas del Poder Judicial concluyeron que el funcionamiento de Instrucción 18 era «correcto», dentro de los parámetros de normalidad con los que se evalúa el trabajo de los órganos judiciales.

Los inspectores admitieron, no obstante, «cierto retraso» en la tramitación del resto de asuntos de las causas de corrupción, pero exculparon de cualquier responsabilidad al titular. Atribuyen la demora a la propia complejidad de la causa. Es cierto que algunas de las piezas desgajadas del caso Imelsa destacan por esa característica, pero otras, como el caso de los zombies o el blanqueo en el Grupo Municipal del PP arrastran meses de inactividad, sin la práctica de diligencias.

Es más, en el último asunto, que afecta a cerca de medio centenar de exconcejales y asesores del PP, la investigación no ha sido prorrogada desde diciembre del pasado año. Se desconoce ahora mismo el estado de las pesquisas.

En vista de la situación, el Servicio de Inspección consideró necesario mantener la medida de refuerzo ya existente –una comisión de servicio sin relevación de funciones-, de modo que el magistrado titular pueda dedicarse en exclusiva a la tramitación de las macrocausas, informaron fuentes oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esto se tramitó este verano y la excepcional medida se mantendrá hasta final de año. Al menos hasta ese horizonte temporal, el titular cree que seguirá con los asuntos del PP.

El juzgado investiga los zombies en Imelsa y Ciegsa, el blanqueo del PP, los colegios de Ciegsa, el presunto blanqueo de capitales de Alfonso Rus, el supuesto amaño de contratos en el Ayuntamiento de Valencia en la época de la concejal de Educación, María José Alcón.

El juez se ha concentrado en la última semana en impulsar la pieza de los colegios de Ciegsa. Numerosos arquitectos y responsables de las actuaciones en diferentes centros educativos han desfilado por Instrucción 18. La jornada del pasado lunes estuvo dedicada a los responsables de las obras en Xirivella. La edificación fue asignada a la empresa Sedesa, la firma de la familia Cotino, investigada en otras causas de corrupción como la que implica al expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, por el cobro de comisiones millonarias. Según uno de los responsables, la obra se hizo con la modalidad de contrato cerrado, algo poco habitual en una adjudicación de este tipo. Esto implica que la Administración pagará un importe pactado con anterioridad. Esta obra se hizo a partir de un proyecto gráfico, que dejaba a criterio de la mercantil muchas cuestiones. Esto podía utilizarse para, posteriormente, reducir a la baja y maximizar los beneficios.