A. RALLO
VALENCIA.
Sábado, 1 de diciembre 2018, 00:46
El juzgado de Instrucción 18 de Valencia será inspeccionado por el Consejo General del Poder Judicial durante el próximo año. No se trata de un órgano cualquiera sino del juez que actualmente instruye las causas más importantes de corrupción contra el PP. El caso Imelsa, la trama delictiva que supuestamente lideraba el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, o su derivada Taula, con el blanqueo de 50.000 euros por el que siguen imputados cerca de medio centenar de excargos y concejales del PP. Se trata de una inspección ordinaria, según confirmaron fuentes del Poder Judicial. De hecho, durante el próximo año se realizarán otras 27 visitas de este tipo a otros tantos órganos judiciales de la Comunitat, precisaron.
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Existen varios motivos que justifican una actuación de este tipo. Por ejemplo, el hecho de no haber sido nunca inspeccionado o que haya transcurrido un periodo muy amplio desde la última visita. Pero también que llamen la atención algunos indicadores del juzgado como, por ejemplo, la tasa de pendencia, el resultado entre el número de asuntos pendientes a final de un año y los que se han resuelto en el mismo periodo. En el supuesto de Instrucción 18 se desconoce la causa exacta que ha propiciado que se incluya entre las inspecciones de 2019.
La actuación corre a cargo de un equipo inspector del Poder Judicial. Está formado por un magistrado y un Letrado de la Administración de Justicia que durante aproximadamente una semana revisan algunas de las causas que instruye el órgano. Posteriormente redactan un informe con las conclusiones de su trabajo en el que evalúan la situación del juzgado. También pueden proponer recomendaciones. En el caso de que apreciaran alguna irregularidad, el expediente se traslada al promotor de la acción disciplinaria. Este magistrado analiza el asunto y puede proponer una sanción.
Algunos letrados de los asuntos de corrupción han comentado la lentitud del juzgado en determinados trámites. Estos problemas no tienen por qué ser responsabilidad directa del instructor, ya que algunas de estas tareas pueden ser competencia del letrado de la administración de justicia. Las defensas creen que estas incidencias les beneficia si quieren buscar una atenuante por dilaciones indebidas. No obstante, en algún caso, esos retrasos en la instrucción han generado escritos de queja de los abogados. Por ejemplo, en el caso de los zombies de Ciegsa, una de las partes lamentaba la inacción del órgano judicial. Aseguraba que el juzgado lleva seis meses sin proveer y sin que, además, se estén realizando diligencias.
El resto de piezas de la macrocausa de corrupción avanzan a un ritmo desigual. Los casos de los zombies de Ciegsa e Imelsa parecen haber terminado desde hace más de un año, pero todavía no existe el auto de cierre de la investigación. Tampoco parece haber movimiento con el blanqueo de capitales de Rus y los amaños en contratos del Ayuntamiento de Valencia. En el asunto del blanqueo del Grupo Municipal del PP sí que continúan las diligencias. Los imputados, sin embargo, creen que las pesquisas de las elecciones de 2007 y 2011 no tienen relación con el supuesto blanqueo de 50.000 euros durante las últimas elecciones locales y lamentan los cerca de tres años de investigación.
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