Los polémicos pagos a la fundación de Orengo salpican también a un cargo del PPCV

Cical eran las siglas de la fundación para el Centro de Investigación para el Conocimiento de la Administración Local. Un proyecto 'made in Orengo', pensado como laboratorio de ideas para ahorrar costes a los ayuntamientos valencianos con la participación de administraciones públicas y universidades. La iniciativa acabó desactivada, no sin antes ver una reunión de su patronato en el Palau de la Generalitat con la presencia de Ximo Puig. Pero la justificación de los pagos, presupuestados inicialmente en 120.000 euros y de los que sólo se acabaron abonando 40.000 se vieron salpicados por la polémica. Entre otras razones porque la parte fundamental de los mismos fueron a parar a gastos de personal, con Orengo como uno de los beneficiarios.

El PP provincial que dirige Vicente Mompó encontró en Cical la posibilidad de llevar ante la justicia otro enredo vinculado a Divalterra, la empresa de la corporación provincial ya en proceso de liquidación, heredera de la vieja Imelsa. Los populares anunciaron que irían a la fiscalía, pero... aún no lo han hecho, tal y como confirmaron ayer fuentes de esa formación. «Está en manos de los servicios jurídicos», se explicó.

Lo cierto es que entre los polémicos pagos realizados por los trabajos de esta fundación figuran dos perceptores, además de Orengo: Vicente Gil Olmedo, secretario general técnico de la FVMP, y Francisco Micó, exsecretario general de la misma institución.

Micó, actual jefe de área jurídica y de relaciones internacionales en la FVMP, está vinculado al PP valenciano. De hecho, en el congreso en el que Mompó fue elegido presidente provincial, Micó ejerció de secretario de la mesa que presidió Mª Carmen Contelles. Natural de Benisanó, accedió a la FVMP en 1995 como asesor del PP valenciano, para ocupar poco tiempo después el cargo de responsable del área jurídica. Micó esta considerado como persona de confianza de la diputada popular y exalcaldesa de Alzira Elena Bastidas. Fuentes de la dirección provincial que encabeza Mompó consultadas por este diario se desvincularon de la labor de Micó y señalaron que la decisión de acudir o no a los tribunales con los pagos a Cical se realizará con independencia de que algún cargo del partido pueda quedar salpicado.

Mompó, en los debates en la Diputación vinculados a Cical, ha cuestionado la actitud de la corporación provincial. De hecho, ha lamentado que «ni el anterior equipo directivo de la Diputación ni el actual han corregido esta situación que, de no haber sido por la labor de fiscalización del Grupo Popular, habría pasado inadvertida y el perjuicio económico para los valencianos sería mayor que el ya causado hasta la fecha».

También ha reclamado que haya un «control exhaustivo del dinero público y que no se destine a chiringuitos ni un solo euro, mientras muchos municipios siguen desatendidos en mitad de la gestión de la pandemia».