La Policía informa al juez que los correos de los miembros del gabinete de Oltra se han borrado

Los agentes comunican que únicamente han podido recuperar tres documentos de la cuenta de Miquel Real, jefe de gabinete de Oltra. En su caso ha sido posible el rastreo de los mensajes porque él mismo pidió que no se eliminara su cuenta oficial. En el resto de personas, una docena de cargos de máxima confianza de la líder de Compromís, se procedió a la destrucción un mes después de dejar el cargo, tal y como explicó un especialista de la Generalitat. Y este sería el protocolo habitual de trabajo de la propia Administración.

Los mensajes de Real, que es el único del gabinete de Oltra que está investigado en esta causa, están dirigidos a Vicent Ribelles, asesor de Les Corts. También existen dos correos en los que él es el destinatario. Uno se lo envía el jefe de prensa de la Conselleria de Igualdad y otro, la directora general de Infancia, Rosa Molero, una de las investigadas en el caso. Se ignora el contenido de esos mensajes. De hecho, ese es el paso ordenado ahora por el juez: que se analice el contenido porque hasta ese momento se ha hecho un filtrado por «cadena de caracteres».

Los agentes profundizaron en sus pesquisas para despejar cualquier sospecha de este borrado de información. Así, en el marco de estas diligencias tomaron declaración a Jaime Devesa, un experto en sistemas informáticos de la administración, quien les explicó la práctica habitual en estos supuestos.

El funcionario, jefe del servicio de Sistemas, señaló que los buzones de correo se almacenan en la nube de Microsoft y que cuando los altos cargos dejan se puesto pierden la posibilidad de acceso a esta información. Además, un mes después del cese o renuncia, «se elimina todo el contenido del buzón incluidas las copias en la nube». Nadie le dio la orden de que se conservara todo ese material. «Lo tendría que haber comunicado el juzgado a mi subdirector general», explica a los agentes.

Existe un hecho controvertido en todo este relato policial, apuntan algunas fuentes conocedoras de las diligencias. La primera ocasión en la que por parte del juez se solicitaron correos electrónicos de los investigados fue en octubre de 2022 tras insistentes peticiones de las acusaciones particular y popular.

De hecho, el instructor acotó temporal y temáticamente estas indagaciones. Fue la Audiencia la que ordenó ampliar las búsquedas al periodo octubre-diciembre de 2019, lapso en el que se celebra el juicio y se conoce la sentencia.

Aquellos mensajes, los encargados en octubre de 2022, eran de otros periodos temporales, pero el depósito era idéntico: las cuentas de los investigados. La vicepresidenta había abandonado sus responsabilidades en junio de ese año. Es decir, que cerca de cuatro meses después de la renuncia de la líder de Compromís sí fue posible por parte de la Policía el análisis de cerca de 50.000 correos.

Pero entonces, tanto Oltra como Real habían pedido en el verano de 2022 que no se borraran sus correos, según la información consultada por LAS PROVINCIAS. Los dos altos cargos confiaban en que la ausencia de información relevante sobre los hechos sostendría su tesis de que no intervinieron al conocer la denuncia por abusos.

De hecho, cuando los agentes acuden al complejo 9 d’Octubre en enero de este año y les comunican el borrado, piden que se busquen en otras fechas «porque en momentos anteriores ya se localizaron». Se refieren a esa averiguación precedente de los 50.000 correos.

En el informe policial, además, extraña el cruce de correos y llamadas entre los investigadores y el jefe de gabinete de la Vicepresidencia Primera, Joseca Arnau, mano derecha del conseller Vicente Barrera. Hasta en dos ocasiones, el alto cargo responde con correos donde no se contiene la información que reclaman los policías. Es más, en una de esas contestaciones, aporta una serie de páginas web para que busquen los datos los propios agentes en vez de cumplimentar el encargo policial.

Los especialistas únicamente reclamaban el listado de personas que integró el gabinete de la Vicepresidencia durante la anterior etapa de Gobierno. Para partir de ese momento, y con documentación oficial, continuar con las pesquisas.

La investigación aborda ya su recta final. Quizá quede la declaración testifical de Luis Ramírez Icardi, una diligencia que el juez instructor siempre ha barajado para poner punto final a la instrucción. Y a partir de ese momento, analizar si sienta a Oltra en el banquillo o archiva la causa por falta de indicios.