La policía dice que esposó a la menor del juicio al ex de Oltra por riesgo de fuga

El juicio al exmarido de Mónica Oltra por abusos sexuales a una menor ha generado cierta polémica a raíz del protocolo que siguen los agentes de la Policía Autonómica en el traslado de los menores a dependencias judiciales. La presidenta del tribunal, visiblemente molesta por lo sucedido, pidió disculpas a la adolescente por haber permanecido esposada en las dependencias judiciales. La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, reaccionó el pasado viernes y solicitó un informe al comisario de la Unidad Adscrita, escrito que ha recibido en las últimas horas.

El dosier, en líneas generales, defiende la actuación de los agentes encargados del traslado y subraya que se siguieron las indicaciones de responsables del centro. Este informe coincide, en esencia, con lo manifestado por el secretario regional de la Unión Federal de Policía (UFP), Luis Castillejo, quien indicó a LAS PROVINCIAS que los compañeros cumplieron con su cometido ajustándose a las normas internas. En este sentido, recordaron que la menor proviene de un centro de reforma, diferente a los de acogida -donde supuestamente ocurrieron los abusos-, y en los que se ingresa por la comisión de algún ilícito. Además, añadieron que la adolescente había amenazado en varias ocasiones con fugarse así que en esas circunstancias el protocolo sí permite esposar a un menor para reducir las posibilidades de huida.

Sin embargo, se desconoce si los agentes fueron informados que la menor era trasladada para declarar en un juicio como víctima de abusos sexuales o simplemente pensaron que tenía algún otro asunto judicial. Este interrogante, no obstante, debió despejarse al comprobar que aguardaban a su comparecencia en la Audiencia, donde no se enjuicia a menores de edad.

El informe policial recoge, además, que la menor no estuvo sola sino que viajó acompañada de una persona del centro en el que está ahora interna y ya en sede judicial se incorporó a la comitiva una abogada de la Oficina de Atención a las Víctimas, órgano dependiente de Justicia, y que estuvo con ella durante el delicado trance. La menor está en un régimen de semilibertad, es decir, que pude abandonar el centro. La letrada acompañó a la adolescente pese a que fue avisada el mismo día, sin antelación, tal y como suele ser habitual en casos de esta naturaleza, según las fuentes consultadas.

El incidente, a su vez, ha generado otra vertiente informativa. La presidenta del tribunal de la sección Segunda, encargada del enjuiciamiento del abuso, ha presentado un informe a la presidenta de la Audiencia. La responsable ha trasladado el dosier a los integrantes de la Sala de Gobierno del TSJ que abordarán hoy el estudio de ese documento y si conviene adoptar alguna medida al respecto.

El desarrollo del proceso judicial ha dejado también otros interrogantes. LAS PROVINCIAS contactó ayer con la Conselleria de Política Inclusivas para aclarar por qué la psicóloga de la dirección territorial que se entrevistó con la adolescente y que descartó los abusos no era experta en abusos sexuales. Desde el departamento explicaron que esa primera intervención es muy general pero después la afectada fue derivada a los profesionales de la Fundación Espill, expertos en víctimas de esta naturaleza. La entidad elaboró un informe que también rechazaba la existencia de abusos. Sin embargo, ese dosier, que resulta claramente exculpatorio para el acusado, no figura en la causa judicial, según fuentes conocedoras del procedimiento. De hecho, el autor o autora del informe no declaró como testigo en el juicio celebrado el pasado jueves. Únicamente compareció la responsable de la dirección territorial y la forense. Esta última sí dio credibilidad al testimonio de la menor.

Colegiación obligatoria

Precisamente al hilo de este caso, el Colegio de Educadores Sociales de la Comunitat Valenciana reclamó ayer a la Administración y a las empresas del sector que cumplan la normativa y, por tanto, exijan la colegiación obligatoria en este tipo de puestos en los centros dedicados a la infancia y la adolescencia.

Según la organización, la colegiación «permite dotar de mayor seguridad a las intervenciones socioeducativas que se realizan». «Las obligaciones de la colegiación requieren no sólo poseer la formación y la titulación universitaria o no estar apartado por resolución judicial sino también cumplir el código deontológico de la profesión o la apertura de un expediente».