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valencia. Desde el pasado miércoles 26 de septiembre, el responsable del Área de Cultura en la Diputación de Valencia está investigado. El juzgado de Instrucción número 7 de Valencia ha admitido a trámite la querella presentada por el PP contra Xavier Rius. «Óigase en declaración a los querellados, en calidad de investigado, previa instrucción de sus derechos», señala el auto del juez. El investigado (los denominados «imputados» hasta que en 2015 el PP cambió la ley que limita los plazos de instrucción judicial) es el portavoz de Compromís en la Diputación, además de ejercer de responsable de la gestión cultural en la corporación provincial gobernada por los partidos firmantes del Pacto del Botánico (PSPV, Compromís y Podemos) y EU.
Rius, concejal de Picanya y que hasta el pasado mes de junio formó parte de la Ejecutiva de Iniciativa del Poble Valencià (el partido que lidera Mónica Oltra y que está integrado en la coalición Compromís), está citado a declarar el próximo 8 de noviembre a las 12 horas. La convocatoria judicial es consecuencia de la querella que le acusa de prevaricación administrativa debido al fraccionamiento de contratos en la adjudicación del servicio de guías que realiza la exposición permanente del MuVIM, el principal museo de la Diputación de Valencia.
La querella contra Rius la presentó la portavoz del PP en la Diputación, Mari Carmen Contelles, el pasado 22 de febrero. Fue ratificada días después por la política popular. El juzgado acordó requerir a los querellados una serie de documentación que, según se indica en el auto, fue posteriormente aportada. El juez cita a prestar declaración tanto a Rius como a los dos administradores de la empresa Somnis, que fueron adjudicatarios del servicio de guías del MuVIM tanto a través de la contratación de la firma como de ellos dos a nivel personal, tal y como ha adelantado LAS PROVINCIAS desde el pasado mes de enero. Las señales emitidas desde entonces por los órganos de control de la Administración, así como por los propios juzgados hacían presagiar que Rius acabaría finalmente citado a declarar como investigado.
El PP interpuso la denuncia a finales de febrero. Las adjudicaciones se produjeron entre 2015 y 2017, a través de contratos menores de servicios para el MuVIM. A dedo, sin concurso público. Una práctica que ya anteriormente se había realizado durante los anteriores gobiernos del PP, y que recaían también en Somnis. Sin embargo, ahora incluía situaciones peculiares, así como una relación familiar con los adjudicadores.
Los encargos se realizaron a la empresa Somnis. Se da la circunstancia de que adjudicar a esa firma, tras el cambio de gobierno en la Diputación, suponía contratar a dedo y sin concurso a los familiares de un cargo de Compromís en la propia Diputación de Valencia, y en ese mismo área de Cultura. Los administradores de Somnis son Francisco Ramón y Eva Moreno, también investigados desde el pasado 26 de septiembre. Ellos dos son el hermano y la cuñada, respectivamente, del ex asesor de Xavier Rius y hasta hace unos meses teniente alcalde de Paterna, Juanma Ramón, que trabajó para el Área de Cultura de la Diputación durante uno de los dos años en que la institución contrató a la empresa y a sus familiares. La institución provincial encargaba el servicio mediante contratos que, de manera alterna, recaían en la empresa, en Ramón y en Moreno. Unas veces en Somnis y otras veces en ellos dos, a pesar de que la actividad contratada por el MuVIM era la misma, el servicio de guías en la exposición permanente del museo, que se abrió (en falso, luego tuvo que cerrarse en varias ocasiones) por el particular empeño del entonces director del MuVIM, Rafael Company, respaldado por Rius.
Desde Presidencia de la Diputación de Valencia, una vez conocidos los hechos, se admitió lo inconveniente de operar así: «No me agrada». El entonces presidente, Jorge Rodríguez, encargó un informe a Intervención, que en su análisis de los hechos consideró un supuesto fraccionamiento de contratos. El PP denunció a Rius, el responsable del área de Cultura, por presunto tráfico de influencias, malversación y falsedad documental. Durante semanas, las peticiones de información de la oposición fueron solventadas de manera tan deficiente que en un informe se llegó a señalar que no existían contratos que sí se habían realizado. El propio Rius terminó reconociendo en un pleno de la corporación la aparición de facturas, con su firma digital, que él aseguró desconocer inicialmente.
Hasta 2014 Desde 2005, el MuVIM ofrece en la exposición permanente un servicio de guías que se adjudicaba reiteradamente a los actores que crearon una empresa, Somnis. En 2014, la exposición se clausuró con el fin de renovar el proyecto expositivo.
2015-2017 El director del MuVIM, Rafael Company, y el diputado de Cultura, Xavier Rius, anuncian que reabren la exposición. Se retoman las contrataciones de los servicios de guía a través de la misma empresa, Somnis, pero comienzan a alternarse las facturas por ese mismo servicio a nombre de los dueños de la firma, pero a título personal. Se contrataba durante unos periodos a Somnis y en otras ocasiones a sus administradores a título personal, si bien el servicio era el mismo, situación que se produjo a lo largo de dos años y, en este periodo de tiempo, coincidió durante meses la contratación de uno de los administradores mientras su hermano era asesor de Rius. Esta situación, finalmente con el hermano del adjudicatario fuera de la Diputación, se prolongó hasta 2017, siempre a través de contratos menores al límite de la cantidad legal que permite adjudicarlos sin concurrencia pública. Cuando finalmente se realizó un concurso público al que se presentó Somnis y quedó la quinta de las seis empresas que se presentaron.
2018 En enero, LAS PROVINCIAS publica este modo de contratar el servicio a una empresa y a sus administradores. En febrero, el PP se querella contra Rius una vez se conoce el informe de Intervención que considera que «no cabe el contrato menor» en las adjudicaciones autorizadas. En mayo, la Agencia Antifraude inicia una investigación que se paraliza al mes siguiente, cuando el juez pone en marcha el procedimiento judicial que ahora culmina con la citación de Xavier Rius como investigado al admitirse la querella.
La Agencia Valenciana Antifraude inició actuaciones de investigación «para la determinación de la existencia de presuntas irregularidades» a causa de «un presunto fraccionamiento de facturas relativas a la contratación del servicio de visitas guiadas a la exposición permanente en el MuVIM», procedimiento administrativo que se paralizó una vez se inició la tramitación judicial. El juez reclamó a la Diputación la documentación sobre los contratos e interrogó al interventor sobre la legalidad de la adjudicación.
Rius, cuando en enero pasado se comenzó a conocer el 'modus operandi' del MuVIM en las contrataciones, consideró que se trataba de una amalgama de acusaciones malintencionadas pero sin importancia. A finales de febrero, el diputado consideró que «no hay ninguna irregularidad jurídica de repercusión penal, sí que es cierto que no hay un funcionamiento correcto administrativamente hablando». Desde finales de 2017, esa contratación de los guías se adjudica a través de un concurso público.
La gestión de Rius al frente de Cultura no ha gustado al PP y ha generado dudas desde el inicio de la legislatura. Al margen del la querella por el presunto fraccionamiento de contratos en la adjudicación del servicio de guías en la exposición permanente del MuVIM, Rius también tiene pendiente de resolverse en los juzgados la contratación de catálogos meses después de haberse impreso por parte de la empresa que posteriormente, de manera oficial, recibió el encargo, sin concurso público y empleando además como justificación la petición de presupuestos alternativos que, sin embargo, resulta que se pidieron a firmas vinculadas familiarmente con la adjudicataria final. Las situaciones extrañas se vienen repitiendo desde el inicio de la legislatura.
En enero de 2016, Cultura repartió entre los trabajadores una agenda en la que invirtió 13.491 euros. Encargó 2.000 agendas. Meses después, el sindicato UGT emitió una hoja informativa en la que, entre otras cosas, señalaba sobre la agenda: «No estaría de más que alguien pidiera explicaciones sobre cuánto nos ha costado, cuanto le hemos pagado al ilustrador, diseñador y maquetador, al que ha escrito los textos, qué criterios se ha seguido para seleccionarlos y, muy importante, no aparece explicitada la imprenta en que se ha realizado, de dónde es y cuanto ha cobrado esa empresa». La imprenta, que ya antes había trabajado con la Diputación y radicada en la misma localidad donde es concejal Rius, recibió posteriormente más encargos.
En octubre de 2016, se conoció que con motivo del 700 aniversario de la muerte del mallorquín Ramon Llull, la Diputación había aprobado comprar 200 ejemplares del libro disco 'Ramon Llull. L'Ultim pelegrinatge. Crònica d'un viatge medieval' . Se pagaron 14.520 euros por los 200 ejemplares, un coste por cada libro disco de 72 euros. A través de internet, se ofertaba ese mismo libro disco por 38 euros.
El PP llevó ante la fiscalía la tramitación de la agenda y el caso se archivó, lo que provocó que, posteriormente, Rius instase a los populares a llevar a los juzgados aquello que les pareciese irregular, confiado en que también sería archivado. El pasado mes de junio, los populares, tres meses después de querellarse por la contratación de los guías del MuVIM, acudieron a los juzgados de nuevo para acusarle de presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, malversación y tráfico de influencias en lo referente al proceso de contrato menor (sin concurso público) a una empresa para realizar catálogos a pesar de que el trabajo estaba impreso previamente.
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