El portavoz de Compromís en la Diputación, investigado

valencia. Desde el pasado miércoles 26 de septiembre, el responsable del Área de Cultura en la Diputación de Valencia está investigado. El juzgado de Instrucción número 7 de Valencia ha admitido a trámite la querella presentada por el PP contra Xavier Rius. «Óigase en declaración a los querellados, en calidad de investigado, previa instrucción de sus derechos», señala el auto del juez. El investigado (los denominados «imputados» hasta que en 2015 el PP cambió la ley que limita los plazos de instrucción judicial) es el portavoz de Compromís en la Diputación, además de ejercer de responsable de la gestión cultural en la corporación provincial gobernada por los partidos firmantes del Pacto del Botánico (PSPV, Compromís y Podemos) y EU.

Rius, concejal de Picanya y que hasta el pasado mes de junio formó parte de la Ejecutiva de Iniciativa del Poble Valencià (el partido que lidera Mónica Oltra y que está integrado en la coalición Compromís), está citado a declarar el próximo 8 de noviembre a las 12 horas. La convocatoria judicial es consecuencia de la querella que le acusa de prevaricación administrativa debido al fraccionamiento de contratos en la adjudicación del servicio de guías que realiza la exposición permanente del MuVIM, el principal museo de la Diputación de Valencia.

La querella contra Rius la presentó la portavoz del PP en la Diputación, Mari Carmen Contelles, el pasado 22 de febrero. Fue ratificada días después por la política popular. El juzgado acordó requerir a los querellados una serie de documentación que, según se indica en el auto, fue posteriormente aportada. El juez cita a prestar declaración tanto a Rius como a los dos administradores de la empresa Somnis, que fueron adjudicatarios del servicio de guías del MuVIM tanto a través de la contratación de la firma como de ellos dos a nivel personal, tal y como ha adelantado LAS PROVINCIAS desde el pasado mes de enero. Las señales emitidas desde entonces por los órganos de control de la Administración, así como por los propios juzgados hacían presagiar que Rius acabaría finalmente citado a declarar como investigado.

El PP interpuso la denuncia a finales de febrero. Las adjudicaciones se produjeron entre 2015 y 2017, a través de contratos menores de servicios para el MuVIM. A dedo, sin concurso público. Una práctica que ya anteriormente se había realizado durante los anteriores gobiernos del PP, y que recaían también en Somnis. Sin embargo, ahora incluía situaciones peculiares, así como una relación familiar con los adjudicadores.

Los encargos se realizaron a la empresa Somnis. Se da la circunstancia de que adjudicar a esa firma, tras el cambio de gobierno en la Diputación, suponía contratar a dedo y sin concurso a los familiares de un cargo de Compromís en la propia Diputación de Valencia, y en ese mismo área de Cultura. Los administradores de Somnis son Francisco Ramón y Eva Moreno, también investigados desde el pasado 26 de septiembre. Ellos dos son el hermano y la cuñada, respectivamente, del ex asesor de Xavier Rius y hasta hace unos meses teniente alcalde de Paterna, Juanma Ramón, que trabajó para el Área de Cultura de la Diputación durante uno de los dos años en que la institución contrató a la empresa y a sus familiares. La institución provincial encargaba el servicio mediante contratos que, de manera alterna, recaían en la empresa, en Ramón y en Moreno. Unas veces en Somnis y otras veces en ellos dos, a pesar de que la actividad contratada por el MuVIM era la misma, el servicio de guías en la exposición permanente del museo, que se abrió (en falso, luego tuvo que cerrarse en varias ocasiones) por el particular empeño del entonces director del MuVIM, Rafael Company, respaldado por Rius.

Desde Presidencia de la Diputación de Valencia, una vez conocidos los hechos, se admitió lo inconveniente de operar así: «No me agrada». El entonces presidente, Jorge Rodríguez, encargó un informe a Intervención, que en su análisis de los hechos consideró un supuesto fraccionamiento de contratos. El PP denunció a Rius, el responsable del área de Cultura, por presunto tráfico de influencias, malversación y falsedad documental. Durante semanas, las peticiones de información de la oposición fueron solventadas de manera tan deficiente que en un informe se llegó a señalar que no existían contratos que sí se habían realizado. El propio Rius terminó reconociendo en un pleno de la corporación la aparición de facturas, con su firma digital, que él aseguró desconocer inicialmente.

La Agencia Valenciana Antifraude inició actuaciones de investigación «para la determinación de la existencia de presuntas irregularidades» a causa de «un presunto fraccionamiento de facturas relativas a la contratación del servicio de visitas guiadas a la exposición permanente en el MuVIM», procedimiento administrativo que se paralizó una vez se inició la tramitación judicial. El juez reclamó a la Diputación la documentación sobre los contratos e interrogó al interventor sobre la legalidad de la adjudicación.

Rius, cuando en enero pasado se comenzó a conocer el 'modus operandi' del MuVIM en las contrataciones, consideró que se trataba de una amalgama de acusaciones malintencionadas pero sin importancia. A finales de febrero, el diputado consideró que «no hay ninguna irregularidad jurídica de repercusión penal, sí que es cierto que no hay un funcionamiento correcto administrativamente hablando». Desde finales de 2017, esa contratación de los guías se adjudica a través de un concurso público.