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Jarro de agua fría para la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, que dirige Mireia Mollà. El departamento presentó una denuncia en la Fiscalía de Valencia en la que relataba determinadas irregularidades alrededor de la Epsar, la empresa pública de la Generalitat que controla todas las depuradoras de la región y que fue clave, por ejemplo, en la etapa del saqueo de Emarsa. Ahora, las sospechas giraban alrededor del empresario que controla la firma Depuración de Aguas del Mediterráneo (DAM).
A través de otra mercantil que supuestamente también estaba controlada por el mismo industrial, evaluaba las actuaciones que llevaba a cabo DAM. Una denuncia anónima, trasladada hace unas semanas por la conselleria, alertaba de que estas intervenciones habían tenido enormes sobrecostes que presuntamente tenían como objetivo el enriquecimiento de terceros.
La documentación enviada por la Conselleria de Medio Ambiente no permite abrir una investigación al carecer de suficientes indicios incriminatorios para impulsar las pesquisas. De ahí, el archivo. De igual modo, se denunciaba también obras en otra depuradora con sobrecostes sospechosos, según la documentación. Al parecer, desde la Epsar se había solicitado información al empresario y este no había contestado. Esta es una de las razones por las que se decidió enviar todo el expediente a la Fiscalía. LAS PROVINCIAS también recibió documentación anónima que apuntaba similares irregularidades.
El ministerio público, tras analizar el caso, ha decidido archivar las diligencias. La Fiscalía podía, en el caso de detectar indicios de criminalidad, seguir investigando durante seis meses o derivar el asunto directamente a un juzgado de Instrucción. Pero la debilidad de las acusaciones ha hecho que se sobresean.
La Epsar tuvo un papel determinante en el fraude de la planta depuradora de Pinedo. La trama se pudo ejecutar porque desde este organismo público se autorizó el incremento de financiación a Emarsa. De hecho, dos directivos de la Epsar fueron condenados por Emarsa. El arrepentimiento de uno de ellos, el que fuera jefe de Explotación Ignacio Bernácer, le sirvió para obtener una rebaja en la petición de pena. De los 14 años iniciales a menos de cuatro por admitir 400.000 euros en comisiones a lo largo de varios años.
La convivencia en la Conselleria de Medio Ambiente, por otra parte, no se puede definir como tranquila. El mestizaje que con mayor o menor fortuna permite sobrellevar el día a día en el resto de departamentos autonómicos se está haciendo insoportable en el área que controla Mollá. La pasada semana se vivió un espectáculo surrealista al tratar la consellera de expulsar de su planta al número 2 de su conselleria, Francisco Rodríguez Mulero.
La rocambolesca situación pudo ser controlada gracias a la mediación de Presidencia. La conselleria de Medio Ambiente destaca negativamente por su escaso protagonismo en el Consell. Y más en un momento como el actual, donde las críticas de los agricultores ante los bajos precios son un clamor.
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