Portazo del Gobierno de Sánchez a las peticiones de documentación de Les Corts

Guerra de competencias por el control de la acción del Gobierno. El Ejecutivo que preside Pedro Sánchez ha remitido al menos dos escritos a Les Corts en los que le comunica que rechaza de forma tajante sendas peticiones de documentación remitidas desde el Parlamento valenciano. Las dos comunicaciones del Ejecutivo central, que llevan la firma de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, viene a sostener que la labor de control de la Cámara autonómica se circunscribe al ámbito competencial que determina la acción del Ejecutivo autonómico, las autoridades y sus funcionarios. Y que, por tanto, la documentación en poder del Ejecutivo central queda al margen de ese ámbito de actuación.

La respuesta del Gobierno, que ha causado sorpresa en el Parlamento valenciano, supone un cambio de criterio respecto a la colaboración que una y otra institución mantenían hasta la fecha. Los diputados autonómicos remitían solicitudes de información sobre diversa documentación –las solicitudes de comparecencia eran otra cosa-, y el Gobierno central venía contestándolas sin mayor incidencia, tanto las de los grupos que apoyaban gobierno como los de la oposición.

Las cosas han cambiado. En los dos escritos a los que ha tenido acceso este diario, uno de ellos relativo a la solicitud de documentación vinculada a la constitución de una comisión especial de estudio sobre la situación actual del sector citrícola en la Comunitat Valenciana, el Gobierno replica que “la solicitud de documentos a la Administración General del Estado (AGE), así como al conjunto de entes que conforman el sector público estatal, en tanto instrumento de control de la acción de Gobierno, corresponde exclusivamente a las Cortes Generales”.

“Lamentamos comunicar –se añade- que no procede atender los requerimientos de información y documentación a la AGE de una asamblea legislativa de una CCAA o de sus miembros”, se indica.

Los dos escritos remitidos a Les Corts, y que acaban de ser recibidos por la Mesa de la Cámara, detallan que esta nueva posición del Ejecutivo central es una decisión que afecta a todos los Parlamentos regionales. Y que se adopta como consecuencia de las sucesivas solicitudes de documentación y de comparecencias formuladas desde las distintas asambleas regionales. Una decisión adoptada, se detalla, tras el análisis de la Constitución y de los Reglamentos del Congreso y del Senado “que atribuyen a las Cortes Generales la función de control político del Gobierno en exclusiva”.

La posición del Ejecutivo de Sánchez, que limita obviamente el alcance de la labor de los Parlamentos regionales, incorpora incluso una mención a un informe elaborado por el Consejo de Estado en 2003, en el que se indica que corresponde a las asambleas regionales la labor de control de la acción de los gobiernos de las CCAA.

El cambio de criterio del Ejecutivo central se produce, no obstante, después de sucesivas peticiones de documentación y solicitudes de comparecencia que han sido objeto de polémica. Entre ellas, las que han realizado diputados de Podemos y de Compromís vinculadas a la ampliación del Puerto de Valencia y la necesidad de realizar una nueva declaración de impacto ambiental (DIA), sobre concentraciones en la vía pública de grupos de extrema derecha. El PP también ha solicitado, entre otras, copia del expediente administrativo incoado por la Junta Central de Contratación Pública, dependiente del ministerio de Hacienda, en relación con la sanción impuesta por la comisión de defensa de la competencia de la Generalitat a Francis Puig y los Adell Bover por pactar precios en un concurso público convocado por À Punt.

La negativa a tramitar la solicitudes de documentación del Parlamento valenciano por parte del Ejecutivo central se suma a la negativa que el mismo órgano ya ha expresado en relación con algunas solicitudes de comparecencia. Entre otras, la que planteó Podemos de la propia delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, en relación con los actos del 9 d’Octubre. Entre las solicitudes de comparecencia pendientes figura también la del coordinador de Cercanías en la Comunitat Valenciana, y exdelegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, a principios del próximo mes de marzo.

La respuesta de Les Corts a los escritos remitidos por el Ejecutivo central ha sido la de plantear si los servicios jurídicos de la Cámara deben elaborar algún tipo de informe con el que sustentar estas solicitudes de documentación.

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