Carlos Mazón será investido como presidente de la Generalitat en pocas semanas. La situación económica que se encontrará cuando llegue al Palau de la Generalitat se asemeja mucho al colapso financiero. Y aún así, el PP valenciano asegura que se pueden bajar impuestos «con un ... mínimo control de las cuentas y con cirugía en el sector público».
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El análisis lo ha hecho este viernes el portavoz de Hacienda de los populares, Rubén Ibáñez. «La política económica de Puig ha sido más déficit, más deuda y más impuestos», ha resumido. Ibáñez ha señalado que «cada segundo que sigue en el Palau anclado al sillón aumentan los números rojos en la Comunitat. Puig es ya un okupa en el Palau».
El portavoz popular ha hablado de un «boquete en 2022 de 3.206 millones» en alusión al resultado negativo de la cuenta general presentado el jueves por el conseller Arcadio España. Pero ha puntualizado que en 2021 «cuando se presentó el presupuesto de 2022, se dijo que el déficit sería de 734 millones. Es decir, el resultado ha sido más de 4 veces superior y más de tres veces esa partida de 1.300 millones reivindicativos». «Puig ha arruinado a todos los valencianos», ha sentenciado.
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JC. Ferriol Moya
Ibáñez ha hecho cuentas. Durante los gobiernos de Puig los déficits presupuestarios de loa Generalitat suman 13.001 millones, y la deuda ha crecido 15.400 millones. «Las arcas públicas están en serio peligro», ha dicho. De hecho, ha recordado que al inicio de 2022 la tesoreria de la Generalitat tenia un saldo de 2.246 millones. «Al acabar el año solo había 462 millones, y en abril de 2023, está en 160 millones». Ibáñez ha advertido además que cada mes la Generalitat necesita 600 millones para pagar nóminas, «pero en tesorería en abril solo había 160 millones».
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Y luego está el problema de no ejecutar los presupuestos. El portavoz popular ha señalado que Puig «se ha dejado sin pagar a 31 de diciembre 2.621 millones, de los que 1.280 son ayudas y hay otros 1.863 millones de facturas en los cajones. Es decir, 3. 884 millones que se van a tener que pagar en 2023·, ha señalado. De hecho, 1.207 millones de euros correspondientes a políticas sociales no se han llegado a ejecutar.
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Ibáñez ha recordado que el conseller de Hacienda no subrayó el jueves que la primera conselleria en 2022 «fueron los 8.400 millones de la conselleria de la deuda, mil millones más de lo que se anunció inicialmente. Y que la conselleria de Sanidad, a la que se atribuyó un peso en el presupuesto del 40%, »sólo representó el 27,3% del total«. »A políticas sociales solo el 50,5% del total del gasto de 2022, y eso pese a que la recaudación por impuestos ha aumentado 3.700 millones más. Los valencianos son cada vez más pobres«, señaló. Ibáñez lamentó que el resto de presupuestos se haya ido en un sector público »que ha devorado recursos«, así como en el »boato de Puig, en más consellerias y en más personal«.
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Ibáñez ha señalado que la situación de las arcas autonómicas es «complicada con la actual arquitectura del Consell, pero no con la que quiere poner Mazón». Cada día que se retrasa ese cambio, ha explicado, «son más números rojos». El portavoz popular se ha mostrado convencido de que «es posible bajar impuestos y lo vamos a demostrar, pero tiene que haber un control del gasto público y con Puig ha habido una barra libre de gasto».
¿Y eso cómo se hace? Ibáñez ha dicho que lo primero tiene que ser conocer la realidad de las cuentas autonómicas -los que ha facilitado son de abril-Lo primero tendrá que ser ver las cuentas. «Puig contrajo compromisos de gasto en su desesperación electoral, gastos notables y notorios», señaló. «Puig ha decidido que venga otro y que pague. Y no se da cuenta de que así está estrangulando el futuro de todos los valencianos», ha zanjado.
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Ibáñez ha defendido que con «un mínimo control de las cuentas y con cirugía en el sector público, las cosas pueden salir». Ha apostado por reducir «amiguismos y enchufes» y ha asegurado no entender que ingresando a través de impuestos como nunca, «aumenta el déficit y la deuda. Eso es de ser un mal gestor». El dirigente del PP se ha mostrado convencido de que se pueden ahorrar 600 millones tras reducir el sector público. «Nosotros queremos control y eficacia del gasto público», ha dicho.
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