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María Eugenia Alonso y JC Ferriol
Madrid | Valencia
Martes, 15 de abril 2025, 14:42
El PP respira más tranquilo tras la declaración ante la juez de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, poniendo el foco sobre la Confederación ... Hidrográfica de Júcar (CHJ) y apuntalando la versión de la que fuera responsable de la política de Emergencias de la Generalitat Valenciana durante la tragedia, Salomé Pradas, que acusó al organismo de actuar de forma «negligente» durante la reunión de emergencia del Cecopi. Los populares creen que del testimonio de Bernabé se infiere que hubo «un apagón informativo» por parte de la CHJ acerca del desbordamiento del barranco del Poyo, cuyo aumento del caudal provocó la inundación de los municipios al sur de Valencia que registraron el mayor número de muertos. «Al final la verdad siempre sale y se conoce», aseveró este martes la secretaria general, Cuca Gamarra, en un acto con diputados y senadores del partido en Málaga.
Bernabé reconoció que se enteró del desbordamiento por una llamada de la alcaldesa de Paiporta a las 19.05 horas, sin que el responsable de la CHJ, Miguel Polo -para el que algunas acusaciones han pedido la imputación en el caso- hubiese hecho referencia alguna en el Cecopi de lo que estaba pasando en el barranco del Poyo. La dirigente socialista, que aseguró también ante la jueza que ofreció la intervención de la Unidad Militar de Emergencias ocho horas antes de que se lanzara la tardía alerta a los móviles, admitió que en la reunión de la emergencia que se celebró durante la tarde del 29 de octubre, toda la atención estaba puesta en la posible rotura de la presa de Forata. «También ella se enteró por una alcaldesa porque había un apagón informativo que impidió que se pudiera tener información a tiempo. Si la información no llegaba, difícilmente uno puede saber ante lo que se está enfrentando», argumentó Gamarra.
En la dirección nacional del PP se muestran muy críticos con la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha estado «tapando», reprueban, estos seis meses ese apagón informativo y urge al Ejecutivo a no dejar pasar más tiempo para «empezar a arrimar el hombro y reconstruir una zona de España» que hay que «hacer que se levante». El presidente valenciano, Carlos Mazón, muy cuestionado por su gestión de la catástrofe, remitió hace una semana una carta a Sánchez en la que le solicita una reunión «urgente» en el Palau de la Generalitat y le propone crear una comisión mixta para actuar «con una sola voluntad y una sola voz» en el proceso de reconstrucción. Moncloa, como anticipó ayer este periódico, da largas a Mazón y recuerda que ya hay un grupo de trabajo.
En la Generalitat lamentan que Bernabé solo haya dicho la verdad ante la jueza tras meses «de mentiras y manipulación» en los que se ha dedicado a «generar odio y a instrumentalizar el dolor». Un testimonio que viene a demostrar, en opinión de Mazón y su círculo, que el Ejecutivo no trasladó al Cecopi la situación del barranco del Poyo porque ni lo hizo la CHJ ni tampoco la propia delegada del Gobierno. «Llevamos seis meses diciendo esto frente a la manipulación y el silencio de la delegada, que en sede judicial se ha visto obligada a decir la verdad», señaló la vicepresidenta Susana Camarero.
La número dos de Mazón recordó que a pesar de que Bernabé es la coordinadora de las agencias estatales, de la Aemet y de la Confederación, y también de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de la UME, se enteró de lo que estaba pasando en el Poyo «porque lo ve en televisión y por una llamada de la alcaldesa de Paiporta». «El Gobierno de España sabe desde el primer día que Aemet falló en sus previsiones, y que la CHJ no alertó del barranco del Poyo y, sin embargo, durante seis meses manipula y crea bulos para desviar la atención», denunció Camarero. Todo, insisten desde el Consell, «para tapar con una campaña de acoso e insultos la negligencia de sus agencias y desviar la atención».
Para Pradas, la exconsejera de Interior imputada por su desempeño en la tragedia, las declaraciones de este lunes de la delegada del Gobierno corrobora «varios puntos fundamentales que siempre» ha sostenido, como que durante la reunión del mando que gestionaba la emergencia nadie trató la situación de desbordamiento del Poyo. A través de su abogado, Pradas quiso dejar claro ayer que fue ella quien «solicitó la activación de la UME debido al desbordamiento del río Magro en Utiel» y que «propuso evacuaciones preventivas», aunque los técnicos las rechazaron porque consideraron que «podrían ser contraproducentes en ese momento».
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Héctor Esteban
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