El PP defiende que Francis Puig y sus socios formaron un «grupo criminal»

El PP, que actúa como acusación en este caso, detalla en su escrito de alegaciones cómo actuaban los empresarios de televisión –uno de ellos es hermano del expresidente de la Generalitat Ximo Puig– para cobrar subvenciones de la Generalitat Valenciana, de la Generalitat de Cataluña y del Gobierno de Aragón a través de métodos presuntamente fraudulentos.

«Los querellados se han valido de distintos mecanismos para asegurar incrementar ficticiamente los gastos en que incurrían sus mercantiles para así poder justificar subvenciones obtenidas a las que no hubiera tenido derecho o, de tenerlo, en un importe muy inferior», señala el escrito presentado por el letrado del PP.

El argumento para solicitar la apertura de juicio se basa en que Francis Puig y los hermanos Adell Bover crearon sendos grupos empresariales como herramientas útiles para cobrar el mayor número de subvenciones. El hermano del exjefe del Consell tiene bajo su control las mercantiles Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions, mientras los hermanos Adell Bover fundaron las mercantiles Kriol Produccions, Canal Maestrat y Nova. Varias de estas empresas ya fueron sancionadas por el órgano de Competencia de la Generalitat por pactar precios en un concurso de À Punt, que fue quien denunció el caso, para ganar varias corresponsalías.

Para el PP, el fraude de subvenciones se ejecutaba a través de cuatro vías perfectamente orquestadas por los responsables de estas productoras de televisión.

La primera de ellas, por la doble justificación de los gastos de las distintas sociedades que recibían las ayudas públicas de varias administraciones. «Para ello se valían de la presentación duplicada de las facturas tanto a la Generalitat Valenciana como a la Generalitat de Cataluña, así también como la doble imputación de nóminas de los trabajadores de las sociedades», apunta el escrito de alegaciones.

Otra de las herramientas para hacer validar las ayudas públicas era cruzar facturas entre las distintas mercantiles investigadas. «Se trata de facturas que no se corresponden con trabajos reales o que, de serlo, se trata de trabajos que ya han sido subvencionados en otra sociedad, de modo que con esta técnica se consigue duplicar los gastos a efectos de justificación de la subvención», detalla la acusación.

Además, insiste el PP en su escrito, «aun cuando los trabajos hubieran sido reales, el encargo a una sociedad distinta de las actividades objeto de la subvención hubiera constituido un supuesto de subcontratación de la subvención, también impedido legalmente», según lo previsto en el artículo 29 de la Ley General de Subvenciones.

El tercero de los argumentos para justificar el fraude de las subvenciones es la múltiple utilización de los contenidos entre, por ejemplo, las empresas Mas Mut Produccions y Comunicacions dels Ports, cuyo máximo responsable es el hermano del presidente de la Generalitat. «Se trata de la reutilización en distintas empresas del mismo objeto subvencionable para hacerlos pasar por nuevos en cada una de ellas».

El último de los argumentos aportados por la acusación para considerar que Francis Puig y sus socios formaron «un grupo criminal» para cobrar ayudas públicas de manera fraudulenta se centra en el falseamiento de gastos beneficiándose de la ausencia de control. «Llama la atención que incluso una de las prácticas sea la de cargar a la Generalitat Valenciana como justificación de gasto varias veces la misma factura –con el mismo número– pero de importe diferente emitida por otra empresa del grupo».

En el escrito remitido al juzgado se pone como ejemplo que en 2016 Comunicacions dels Ports introdujo como gasto hasta cuatro veces la misma factura de Mas Mut Produccions, «justificando con esta factura un gasto de 25.251 euros».

En sus alegaciones, los populares defienden que tanto Francis Puig como los hermanos Adell Bover «incurrieron en un clarísimo fraude para resultar adjudicatarios de grandes cuantías en forma de subvenciones» y recuerdan que estas ayudas han incurrido en procesos abiertos por parte de la Generalitat, como es el caso de la conselleria de Educación, para que sean devueltas.

La relación detallada de aportaciones demuestra que el conglomerado de productoras de estos empresarios de Castellón recibieron más de 120.000 euros en los ejercicios que van entre 2016 y 2019 –120.000 euros es el mínimo exigido para que estas actividades se puedan considerar delito–.

Uno de los razonamientos para pedir la apertura del juicio es que las subvenciones se otorgan para los mismos medios de comunicación con una única actividad de negocio que no es más que informar de las comarcas donde están implantados, «en un único idioma –aunque se llame valenciano y catalán según el territorio– y se trata de los mismos medios de comunicación, sin que ni siquiera existan cabeceras, canales o desconexiones distintos para cada autonomía, pues ambas subvencionan la actividad única en el mismo emplazamiento geográfico». Es decir, que la Generalitat Valenciana y la catalana han aportado dinero para hacer lo mismo.

Además, la acusación incide que la red de empresas «sólo tiene la finalidad instrumental de obtener subvenciones y cruzar facturas». E insiste en que el argumento dado de que sólo algunas de esas aportaciones pudieran ser fraudulentas no quiere decir que sea válida la resta de la aportación total, ya que la normativa exige la devolución de todo lo recibido.