El PP llevará al juzgado a Xavier Rius por fraccionar el pago de 80.000 euros y saltarse la ley

El grupo popular de la Diputación de Valencia reclamó ayer el expediente de contratación del programa de Asistencia Lingüística para Ayuntamientos. La petición es el paso previo para acudir a los juzgados después de que el responsable del área de Cultura, Xavier Rius, fraccionara el pago de más de 80.000 euros en 19 facturas, que fueron abonadas a las empresas Sarrià Masià e I Més. Con esta actuación, el también portavoz de Compromís se saltó la Ley de Contratos del Sector Público, que obliga a que los contratos menores de servicios no superen los 15.000 euros a partir de marzo de este año -en aquel momento eran 18.000 euros-. «Gaspar no puede permitir que Rius siga un minuto más al frente de Cultura», señaló la portavoz del PP, Mari Carmen Contelles, que exigió al presidente de la Corporación que actúe con celeridad por este tipo de actuaciones que rodean la ley.

El área de Promoción Lingüística puso en marcha un plan de asistencia a municipios que, según figura en las bases de la convocatoria, iba a ser impartido por funcionarios de la Diputación. Finalmente, fueron contratadas sin pasar ningún tipo de concurso ni proceso de selección dos firmas de traducción. En el listado oficial de contratos menores de la institución suma más de 50.000 euros en nueve facturas para Masià Sarrià y otros diez pagos por un total de más de 32.000 euros para I Més.

La suma de las dos cantidades, que pertenecen al mismo plan, obliga a la convocatoria de un concurso público. El diputado de Cultura y portavoz de Compromís reconoció durante la conversación mantenida con este periódico que la externalización del servicio de asistencia sumaba cantidades que se quedaban al margen de la ley de contratos.

Para burlar la normativa, lo que hizo el área de Cultura de la Diputación de Valencia fue fraccionar las facturas por mes y Ayuntamiento. El programa duró un trimestre -de octubre a diciembre de 2017- y al mismo se acogieron nueve municipios. Rius pago cantidades diversas en facturas individualizadas por mes y Consistorio en lugar de convocar un concurso y cerrar una prestación global. Con esta actuación, la Diputación rompió la máxima del buen gobierno ya que evitó que varias empresas se pudieran presentar al concurso para lograr que el servicio fuera más económico.

El propio portavoz de Compromís reconoció que su idea era poner en marcha otra fórmula para no situarse fuera de la ley. Las dos opciones son convocar un concurso público o dar directamente la subvención a los Ayuntamientos para que presten el servicio con su personal o contraten a empresas externas. Unas ayudas que luego deberían justificar mediante factura.

«Rius ha hecho del fraccionamiento de contratos, las adjudicaciones a dedo, el enchufismo y del intento deliberado de eludir la fiscalización su modo de actuación al frente del área de Cultura», señaló Contelles. La Diputación de Valencia está obligada a entregar el expediente de contratación de este programa en un plazo máximo de cinco días.

No es la primera vez que el diputado Rius se encuentra metido de lleno en situaciones de este tipo. De hecho, el próximo 8 de noviembre hará el paseíllo en el juzgado número 7 de Valencia por la contratación del servicio de guías en el MuVim, el museo de la Diputación. «La gestión del responsable del área de Cultura no resiste y Gaspar y Mónica Oltra no puede mirar a otro lado. El presidente de la Diputación debe tomar una determinación».