La acusación popular ejercida por el PP de Les Corts ultima el escrito por el que solicitará formalmente la apertura de juicio oral contra Francis Puig, el hermano del expresidente Ximo Puig, y contra los Adell Bover, por supuesto delito de fraude de subvenciones.
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Los ... populares tienen previsto presentar ese escrito en las próximas horas, dado que el plazo concedido por Instrucción número 4 para presentar alegaciones al último informe elaborado por la Guardia Civil sobre el caso finaliza este miércoles.
El documento de los investigadores de la Benemérita es un dosier de 400 de páginas, conocido a finales del pasado mes de marzo, y que planteaba todo un reguero de dudas acerca del proceder de los empresarios: Material en castellano que se aporta para justificar una subvención al fomento del valenciano, facturas que constan en los expedientes, pero no en el archivo de los proveedores, documentación por un mismo servicio que se aporta para la Generalitat catalana y la valenciana, es decir, que se subvencionaron doble, algo prohibido por la ley. La Abogacía de la Generalitat nunca se ha personado en esta causa, iniciada a raíz de una denuncia de los populares.
A la vista del contenido del informe, y dado que no se pueden solicitar nuevas diligencias puesto que el plazo de instrucción está concluido -el error de prorrogar la causa sin dar traslado a las defensas, decisión anulada después por la Audiencia, acotó la instrucción a lo que estaba ya acordado- y puesto que no queda nada pendiente, el letrado de los populares, Víctor Soriano, considera que se debe solicitar que se dicte auto de Procedimiento Abreviado, una resolución que aboca el procedimiento al juicio oral al dar traslado a las partes para que califiquen los hechos.
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En lugar de alegar sobre el contenido del informe de la Benemérita, la representación jurídica de los populares hará una recopilación de los hechos que a su juicio sostiene la apertura de juicio y que el fraude de subvenciones supere el mínimo de 120.000 euros anuales exigido para ser considerado delito, y no únicamente una infracción administrativa.
La solicitud del procesamiento –paso previo a la apertura de juicio– irá dirigida tanto contra Francis Puig como contra los Adell Bover. La defensa de estos últimos presentaron a mediados del mes de junio un escrito en el juzgado de instrucción por el que solicitaban el sobreseimiento de sus defendidos.
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En el informe de la Guardia Civil, los agentes destacaban que la fecha de elaboración de parte del material analizado no coincidía con la de la facturación o incluso transcurren varios meses. Demasiadas sospechas de facturación falsa o ficticia alrededor del hermano del que fue máximo dirigente de la Comunitat y que precisamente obtenía cuantiosos fondos de la Administración en manos del Botánico.
La solicitud de apertura de juicio oral reactiva un caso que, en términos políticos, el PP valenciano utilizó para desgastar a Ximo Puig mientras éste ocupó la presidencia de la Generalitat, y que, sin embargo, ha tenido menos protagonismo en el último año.
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La administración autonómica ha tropezado con sucesivas sentencias de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ que han venido fallando a favor de que los Adell Bover no tendrán que devolver el dinero de las subvenciones a la conselleria de Educación por un error en la tramitación del procedimiento. De hecho, el Consell ha recurrido ya esas sentencias. Pero las posibilidades de obtener un pronunciamiento favorable resultan escasas.
De hecho, la Generalitat notificó fuera de plazo el reintegro de estas ayudas, que se destinaban fundamentalmente al fomento del valenciano. Se trata de errores en el seno de la Conselleria de Educación, dirigida en ese momento por Vicent Marzà (Compromís), que han eximido a los empresarios de devolver unos 210.000 euros de ayudas incorrectamente justificadas. Y eso que desde el departamento autonómico se apresuraron a informar en noviembre de 2021, que se había incoado un expediente para el reintegro de las cantidades. Un gran anuncio con un nulo resultado.
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El ahora eurodiputado de Compromís ha recordado en alguna ocasión la falta de personal en el departamento, un argumento que se expuso en las alegaciones de la Generalitat al TSJ y que ellos continuamente reclamaron a Función Pública y a Hacienda. Marzà ha lamentado que se haya querido trasladar la idea «de que hubo un trato diferente con estas empresas y para nada. Nada más lejos de la realidad». De hecho, en declaraciones a LAS PROVINCIAS, ha pedido «disculpas» por si algo «no se hizo bien» en aquel momento, una conclusión evidente a la vista del resultado.
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