El PP pedirá diez años de cárcel a Francis Puig por las trampas para lograr subvenciones de la Generalitat

El procesamiento de su familiar no afecta directamente al expresidente ni se le exige un reproche penal pero no parece una buena tarjeta de presentación que un hermano esté acusado de engañar a la institución que presides para obtener subvenciones al fomento del valenciano. El golpe de efecto obligó al ahora embajador en París ante la OCDE a mantener un perfil bajo durante todo el cónclave. Se mantuvo alejado de cualquier micrófono.

El caso cuenta con dos acusaciones: la del PP y la de la Fiscalía Anticorrupción. La representación de los populares ya tiene el esqueleto de lo que será su escrito de calificación, un documento que se presentará en breve y que reclama una severa condena para Francis Puig y su socio de cabecera en el entramado de las ayudas, Juan Adell Bover.

El abogado del PP, Víctor Soriano, plantea dos posibilidades. En un primer lugar, el fraude de subvenciones, ilícito por el que reclamará cinco años de cárcel. Argumenta que no es necesario que se superen los 120.000 euros fraudulentos por año sino que con las ilegalidades se logró sobrepasar esa cifra pese a que admite que la cantidad obtenida de forma ilegal era inferior. En caso de que el tribunal rechace esta posibilidad, solicita una condena por estafa agravada. En este supuesto pide seis años de cárcel.

A continuación, la lista de delitos se completa con la falsedad en documento mercantil (tres años) y la colaboración o complicidad en los delitos imputados a su socio, tanto la falsedad como el fraude o la estafa. En resumen, una petición de pena de diez años y nueve meses de prisión.

La Fiscalía Anticorrupción cambió su criterio a medida que avanzaba la instrucción. Del inicial fraude de subvenciones pasó al delito de estafa y a la falsedad, una tesis que ha respaldado, hasta la fecha, el juez instructor.

El caso está pendiente, no obstante, del recurso ante la Audiencia de Valencia. Es la última posibilidad de las defensas para evitar que sus patrocinados se sienten en el banquillo. De momento, han solicitado una suspensión de los plazos porque parte de las facturas utilizadas para la elaboración de informes policiales y de la Generalitat no figuran en el juzgado y, por tanto, no se encuentran perfectamente incorporadas a la causa. El titular aún no ha contestado a esta petición. Una respuesta afirmativa llevaría a un retraso en todo el proceso. Una fecha aproximada del juicio podría ser finales de este año o principios del próximo.

El PP detalla cómo funcionaba la trama delictiva con el doble uso de los gastos para diferentes administraciones, la valenciana y la catalana. También en la utilización de facturas cruzadas entre sociedades del mismo grupo para generar un gasto inexistente. De igual modo, empresas del entramado se aprovechaban de un mismo contenido para pedir subvenciones, siempre según esta acusación.

El PP no alberga duda de que la intención fraudulenta de hinchar los gastos respondía al objetivo de obtener una mayor ayuda pública. Además, consideran que en toda esta operativa subyace una «verdadera vocación de lucro personal directo e indirecto». Por ejemplo, en este extremo recuerdan que gracias a este dinero no solo se pagaron nóminas a alguno de los acusados o sus familiares directos, sino que también se costeaban, entre otros, arrendamientos ficticios a allegados o vehículos personales. Respecto a los alquileres subrayan el de una nave en las afueras de Morella que, en realidad, se abonaba al padre del expresidente de la Generalitat.