La decisión de Gabriela Bravo de abandonar la vicepresidencia segunda de Les Corts le ha proporcionado un balón de oxígeno gratis al PP valenciano. Los ... populares, tocados por la gestión de la riada y con las manos atadas para poder renovar los órganos estatutarios, se encuentran ahora con un as en la manga con el que poder presionar al PSPV. El puesto de Bravo en la Mesa le corresponde, sobre el papel, a los socialistas. Pero no deja de ser una votación que, si la mayoría del PP y Vox quiere, puede ganar. Y si eso ocurre, los socialistas se quedarían sin representación en el órgano de dirección de la Cámara. Y sin los correspondientes asesores.
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Los populares tienen por fin un elemento con el que presionar al PSPV. De hecho, dirigentes del PP han trasladado esta misma semana al entorno de la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, su planteamiento respecto a este asunto. Si no se negocia la renovación de los órganos estatutarios, el PP no apoyará al candidato o candidata socialista para la Mesa. Y no son pocos los entes a renovar: Consell Jurídic, Sindicatura de Comptes, Consell de Transparencia, À Punt o Consell Valencià de Cultura.
Pocas semanas antes de la dana que arrasó media provincia de Valencia, Les Corts pareció retomar la negociación aunque sin demasiadas expectativas. Era una cuestión de urgencia institucional. Hay organismos que llevan en la interinidad desde hace la friolera de casi cuatro años. La presidente del Jurídic, Margarita Robles, acumula tres años en la interinidad. Vicent Cucarella, al frente de la Sindicatura de Comptes, ya cumplió el último verano los dos años con su mandato caducado. En el Consell Valencià de Cultura fallecen consejeros, incluido su presidente, Santiago Grisolía, sin que se renueven. El bloqueo institucional es de tal magnitud que no tiene precedentes en el autogobierno valenciano.
La dana, como se veía venir, lo alteró todo. La dirección de los socialistas valencianos ha mantenido desde el mismo 29 de octubre una posición de rechazo frontal a la gestión de Mazón en el Consell, con una reiterada exigencia de dimisión del president de la Generalitat. Y desde esa óptica, no se podía entender que se pudiera abrir un proceso de negociación con el mismo partido al que se satanizaba.
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Ahora la situación ha cambiado. Y precisamente por eso, los populares valencianos se han hecho fuertes en este asunto. La dirección del partido que encabeza Carlos Mazón pone la renovación de esos entes como condición sine qua non para abordar el jugoso puesto del PSPV en la Mesa de la Cámara.
La dirección popular recuerda que su intención siempre ha sido que todos los grupos parlamentarios pudieran contar con representación en todos los órganos estatutarios. Una posición que contrastaba con la del PSPV y Compromís, reacios a ceder un solo espacio a Vox. En realidad, la izquierda trata de dilatar ese proceso de renovación porque con la actual mayoría parlamentaria de PP y Vox, el control sobre las designaciones de esos nuevos responsables caería en manos de la derecha. Las fuentes consultadas insisten en que su planteamiento sigue siendo el mismo, el de que todos los grupos dispongan de esa representación. «Pero si el PSOE se niega a solucionar el bloqueo estatutario y visto el ataque al PP, no cederemos a cambio de nada», se zanja.
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¿Y entonces? La posición de los populares valenciano ahora es distinta. «Si no hay avances en los órganos estatutarios nosotros presentaremos una candidatura (a la Mesa de Les Corts)», se advierte. La formación que lidera Mazón considera que si la oposición se empeña en mantener el bloqueo en la renovación de esas entidades, no hay ningún motivo para votar su candidato a la Mesa.
De cumplirse ese planteamiento, la derecha pasaría a disponer de cuatro de los cinco puestos en el órgano de dirección de la Cámara –la presidencia de Vox en manos de Llanos Massó, la vicepresidencia primera de Alfredo Castelló, la segunda (para el PP o para Vox) y la secretaria primera del popular Víctor Soler-. Los populares consideran inaplazable acabar con la anomalía que supone mantener los órganos estatutarios sin renovar desde hace tantos años.
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