El PP pide al Consell que sancione a Puig por favorecer al grupo al que está vinculado

El Partido Popular registró ayer una proposición no de ley en Les Corts para instar al Consell a iniciar un procedimiento sancionador contra el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, por no haberse abstenido el pasado 15 de marzo en la votación del decreto que permitía al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) actuar como banco público y condonar la deuda a Zeta y facilitar así la compra del grupo editorial por parte de Editorial Prensa Ibérica (EPI). Esta decisión provocó que el organismo que preside Manuel Illueca aprobara una quita de 1,3 millones de euros. El jefe del Consell, Ximo Puig, posee 177.886 euros en acciones de Pecsa -el 1,2% con 210 participaciones-, empresa propietaria del Mediterráneo de Castellón, que formó parte de la operación.

La portavoz adjunta del PP en Les Corts, Eva Ortiz, cuestionó ayer que el presidente del Consell no se abstuviera en la votación de un decreto que favorecía a una empresa. Además, Ortiz apuntó que Ximo Puig «mintió» en su declaración de bienes por no haberla actualizado. «No ha dado cuenta del cambio societario, como exige el código del Buen Gobierno y que él firmó el 14 de junio», aseguró la popular.

La también secretaria regional del PP explicó que Puig ha incumplido el artículo 6 de la Ley de Incompatibilidades al no inhibirse en un asunto que le afecta a nivel personal. «Puig no es un diputado cualquiera, no es un señor de la calle, es un presidente ha incurrido en infracciones muy graves».

El director del IVF, Manuel Illueca, compareció ante la prensa la semana pasada y confirmó que desde la aprobación del decreto sólo se había ejecutado la operación de Zeta y Prensa Ibérica. Además, confesó que Puig le había llamado para interesarse por la situación. «¿Qué día, cómo y por qué habla Puig con Illueca para interesarse por la operación en que unas acciones cambian de valor de forma importante», se pregunta Ortiz.

La secretaria general del PP apuntó que ya se ha facilitado toda la documentación al servicio jurídico de la formación para ver si se ha incurrido en alguna situación al margen de la ley. «Lo que más me llama la atención es el preacuerdo con Manuel Illueca en pleno proceso de negociación de la deuda con el grupo Zeta, podría ser una operación en la que se incurra en tráfico de influencias», apuntó Ortiz.

La popular afirmó también que en su día el PSPV incluyó «a última hora» una enmienda en la Ley de Incompatibilidades aprobada en 2016 que aumentaba del 0,5 al 10% el porcentaje de acciones que un alto cargo de la Generalitat puede tener en una empresa que recibe fondos públicos. Los populares creen que esta modificación benefició a Puig, ya que así pudo mantener su 1,2% en la empresa Pecsa.

El vicesecretario general del PSPV, Manuel Mata, exigió al PP una rectificación de sus críticas al presidente. «Puig jamás ha mentido en su declaración de bienes y no vamos a tolerar que se ensucie su buen nombre», aseguró el dirigente socialista. Mata indicó en que «no se va a tolerar que se ensucie el buen nombre del presidente» y puso en valor la transparencia con la que Puig ha tratado este tema. «Todo se sabe porque en la declaración de bienes del presidente está», terminó.