El PP tumbará en el Senado los objetivos de déficit y traba de los Presupuestos

Los conservadores están dispuestos a cambiar su posición y apoyar la senda de estabilidad si el Gobierno acepta sus exigencias, que pasan esencialmente por que se mantengan las rebajas fiscales a la luz y el gas, se amplíe el IVA reducido a la carne, el pescado y las conservas y se deflacte el IRPF para las rentas inferiores a 40.000 euros. Reclaman asimismo al Ejecutivo de Pedro Sánchez compartir los objetivos de la senda entre el Estado y las comunidades; el respeto a la «autonomía fiscal» de las regiones y la dotación de un fondo que permita a los territorios atender las políticas sociales. «Nuestra intención siempre es tender la mano si se mejora la vida de los españoles», reafirmó el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, en una rueda de prensa en la sede de Génova para confirmar la decisión del partido.

El dirigente económico y la portavoz en el Senado, Alicia García, criticaron al Ejecutivo por pedir «sacrificios a los ayuntamientos y a las comunidades» mientras «Sánchez sigue instalado en el despilfarro, la subida de impuestos, la senda de la deuda y la pérdida de poder adquisitivo condenando a las generaciones futuras». En la cúpula del PP consideran que lo mínimo es que el Gobierno se preste a negociar con ellos un posible voto a favor como hacen cuando necesita el apoyo de sus socios parlamentarios y urgen, por ello, a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a levantar el teléfono para transaccionar cuanto antes «una nueva senda de estabilidad». «Para otras cosas hemos visto parar plenos para que se pusiesen de acuerdo», apuntan en la dirección.

El pacto, sin embargo, parece improbable. En Moncloa creen que el PP «está tirando piedras sobre su propio tejado» y recuerdan que las condiciones económicas exigidas por Génova han sido rechazadas ya en el pasado. «La demagogia del PP para votar en contra de los objetivos de estabilidad no puede ocultar la realidad: las comunidades autónomas han recibido con el Gobierno de Pedro Sánchez los mayores recursos de su historia», denunció Montero.

Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda para el conjunto de administraciones públicas ya fueron aprobados el pasado 10 de enero por el Congreso pese al voto en contra de PP, Vox y UPN. Estos objetivos fijan un déficit público del 3% en 2024 para el conjunto de las administraciones. En el caso de las autonomías se fijó un 0,1%, para las entidades locales se estableció el equilibrio presupuestario y para la Seguridad Social el déficit se determinó en un 0,2%.

La ministra ya avanzó a los consejeros de Hacienda autonómicos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de diciembre que un eventual rechazo de la senda perjudicaría a las comunidades, la mayoría gobernadas por el PP, ya que les restaría margen de gasto por valor de un punto del PIB. Así lo avala, según el Ministerio, un informe jurídico de la Abogacía del Estado, del que los que los populares reniegan. «Solicitamos este informe el 12 de diciembre y hoy no tenemos noticias de él ni se ha hecho público», insisten.

Si el Senado rechaza finalmente mañana la senda de déficit, el Gobierno deberá presentar una nueva propuesta en un mes, que podría ser la misma, sin cambios. De no aprobarse nuevamente, se aplicarían los objetivos más restrictivos del Plan de Estabilidad que Moncloa envió en su día a la Comisión Europea, lo que limitaría, insisten desde Hacienda, el margen de gasto de las comunidades y los ayuntamientos. Una opción que descartan en Génova. «Las comunidades han hecho sus deberes y han aprobado sus Presupuestos. Aquí el que no ha aprobado sus Presupuestos es el Gobierno», aseveró Bravo, que que recordó que los ejecutivos autonómicos han construido sus proyectos sobre ese objetivo del 0,1% del PIB.

En la dirección del PP no ven creíble que ahora se amenace con exigirles a las comunidades un equilibrio presupuestario e insisten en que su veto a la senda es una decisión «coordinada» con el resto de sus territorios, que ya votaron en contra del planteamiento del Ejecutivo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.