Alfonso Grau dejará de ser afiliado del PP este mismo viernes. Si no hay cambio de última hora, el comité de derechos y garantías que preside Eduardo Dolón tramitará la pérdida de la condición de afiliado del que fuera vicealcalde de Valencia. Tal y como ... se ha conocido esta semana, Grau ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión por el caso Imelsa, relacionado con una financiación irregular en las campañas electorales del PP de Valencia en 2007 y 2011 a través de donaciones y pagos de empresas.
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Grau seguía militando en el PP valenciano, pese a arrastrar desde que estalló este caso un expediente informativo, tal y como sucede en estos casos. El expediente informativo se convertirá en disciplinario y la condena por una causa penal, además en una causa tan censurable como un comportamiento corrupto que además salpica al partido, provocará su expulsión, según fuentes de esta formación.
El exvicealcalde tiene derecho a alegar, como no podría ser de otra forma, porque así lo tienen previsto los estatutos del partido. Pero todo apunta a que la decisión de partida, este viernes, será la expulsión de la formación que lidera Carlos Mazón.
Grau –concejal entre 1995 y 2015 y persona de máxima confianza de Rita Barberá– fue condenado a cuatro años y medio de prisión por malversación por el juicio de la caja B del PP y deberá indemnizar al Ayuntamiento con 388.000 euros. Además, ha sido multado con cinco millones de euros por cohecho y si no los paga sumará seis meses de cárcel. La sentencia pone punto final a la investigación por una supuesta financiación ilegal del PP de Valencia. La parte más importante de estas diligencias, el conocido como caso del pitufeo, ya fue archivado hace años por la la audiencia de Valencia. Sin embargo, la Sala consideró que existían indicios suficientes para llevar a juicio el resto de la investigación, es decir, la actuación del grupo municipal en las elecciones de 2007 y 2011 cuando Alfonso Grau exvicealcalde de Valencia supuestamente manejaba la caja B de los populares con la que se hacía frente a los pagos electorales las exitosas campañas de Rita Barbera.
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La sentencia detalla que más de media docena de contratistas municipales, empresas privadas, realizaron una serie de pagos (en total, más de 1,6 millones de euros «a petición del señor Grau, quien se prevalió de la posición que ocupaba como Teniente de Alcalde del Ayuntamiento para conseguir que las empresas» contratantes o que aspiraban a seguir contratando «efectuaran las aportaciones económicas».
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