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Irene Marsilla

PP y Vox adaptan el reglamento de Les Corts a una ley del Botánico siete años congelada

El bloque de la derecha acuerda aprobar por la vía de urgencia un cambio en la normativa parlamentaria que permitirá intervenir en el hemiciclo a los promotores de una iniciativa legislativa

Burguera

Miércoles, 21 de febrero 2024, 01:44

La historia de la Ley de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) aprobada en 2017 sirvió durante la etapa del Botánico para que la oposición fustigara a la izquierda por su desidia a la hora de aplicar sus propias leyes y por el modo en ... que Les Corts se convirtió en una suerte de cementerio de iniciativas nacidas de una supuesta buena voluntad pero que morían a manos de la incompetencia parlamentaria del PSPV, Compromís y Unidas Podemos. La ley de ILP se aprobó hace siete años. Es ahora cuando, a propuesta de Vox y con el apoyo del PP, la Cámara autonómica adaptará su reglamento. El objetivo es poder aplicar una ley que salió adelante cuando Pedro Sánchez, lejos aún de ser presidente del Gobierno, se peleaba con barones como Ximo Puig porque le habían echado de la Secretaría General del PSOE. La ley, que pretendía fomentar la participación ciudadana, entrará en vigor ahora, con Sánchez en su segunda legislatura al frente del Ejecutivo y Puig camino de París como embajador de la OCDE, con Podemos dinamitado y con Compromís suspirando por ser el BNG y sin líder bajo el que cobijarse. Todo un mundo.

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La aplicación de la ley permitirá que las comparecencias de los promotores de este tipo de iniciativas se sustanciarán ante el pleno de Les Corts, y no en comisión. Los impulsores de las ILP hablarán, pues, en el hemiciclo. Los propios letrados de Les Corts ya instaron al parlamento a aprobar esta reforma hace años, cuando una de las ILP (la vinculada con la rebaja de los impuestos a los productos relacionados con el periodo menstrual de las mujeres) reclamaron comparecer y no hubo forma de que ocurriera.

La aprobación de la adaptación del reglamento se producirá por la vía más directa posible, por lectura única. Sin más enmiendas ni nuevos debates, que era lo que reclamaba la izquierda valenciana, que pone reparos a aplicar la propia ley que ellos impulsaron, confeccionaron y ya enmendaron antes de que se saliese adelante, ni más ni menos que en 2017. Vox impulsa la aprobación, y le apoya el PP.

Artículos contradictorios

La ley se aprobó en mayo de 2017. Actualizó y derogó la existente desde 1993. La iniciativa impulsada por el exlíder valenciano de Podemos Antonio Montiel prevé, en su artículo 16, que la comisión promotora de una ILP, tras recibir la pertinente admisión de la Cámara y recoger las firmas necesarias –10.000 con la norma actual, 50.000 con la ya derogada– «nombrará una persona para que defienda en el plenario la iniciativa presentada, con el mismo tiempo que el resto de portavoces de los grupos parlamentarios y con turno de réplica».

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Sin embargo, el artículo 130 del Reglamento de la Cámara, el que regula las proposiciones de ILP, establece que tales iniciativas se tramitarán como proposiciones de ley, «con la excepción del trámite de presentación en el pleno, al no existir la posibilidad reglamentaria de comparecencia de los proponentes». Y ahí está por tanto el desfase y la contradicción, que se prolonga siete años.

Vox ya forzó al tripartito a pronunciarse sobre su propia ley en 2022. Los socialistas se mostraron a favor de modificar el reglamento, mientras que Compromís y Podemos lo rechazaron alegando que había una reforma más amplia para incluir otros asuntos. Esta modificación se mantenía «taponada», según el síndic del PP, Miguel Barrachina, para quien «es una obligación desatascarlo, acabar con el tapón. Entiendo la frustración de la izquierda por ser nosotros los que resolvemos los problemas que ellos no supieron solucionar. «Aplicamos la norma vigente», señaló este martes el portavoz de Vox, José María Llanos.

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Iniciativas de izquierda y derecha

¿Por qué Vox insiste? Los voxistas señalan que es necesario que Les Corts dejen de situarse al margen de la ley, incluso de las leyes del Botánico. Desde la izquierda se achaca al partido de Abascal un deseo de facilitar que promotores de iniciativas que Vox apoya puedan intervenir en el hemiciclo. Como la impulsada por la asociación Hablamos Español, que plantea un sistema de elección de lengua de enseñanza que blindaría la posibilidad de que cualquier familia pueda elegir el castellano como lengua, base independientemente de su municipio de residencia. Fue presentada en 2019, en contraposición al modelo del Botánico, y su tramitación, pese a reunir más de 30.000 firmas, ha sido compleja.

La ILP que defiende la gratuidad de los productos menstruales de la mujer está impulsada por ERPV y también cuenta con las firmas necesarias. Hace meses se inició el trámite de una propuesta de Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por Juan García Sentandreu, de la Coordinadora d'Entitats Culturals del Regne de Valencia, para aprobar una «ley de defensa de las señas de identidad valenciana», considerar «ilegal» el uso de la denominación de País Valenciano y rechazar la unidad de la lengua autóctona.

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