Pradas achaca las 228 muertes de la dana a la falta de obras del Gobierno y del Botánico

Sus argumentos se resumen en la falta de motivación del auto, en que la tragedia multiplicó sus consecuencias, humanas y materiales, por la ausencia de obras planteadas en legislaturas anteriores; en la "selva normativa" que envuelven las competencias en Emergencias y en la corresponsabilidad -"mando dual"- de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, en la reunión clave del Cecopi.

Pradas considera que la resolución que la declara como investigada no está suficientemente motivada. Apunta a que su citación se debe únicamente al hecho de pertenecer a la estructura de la Administración pese a que la jueza llegó a admitir: «La atribución de homicidios imprudentes, no puede basarse exclusivamente ni en el hecho de que se forme parte de una estructura administrativa, es exigible que se determine la concreta responsabilidad individual».

La exdirigente autonómica precisa que lo acontecido el pasado octubre es una tragedia de una magnitud colosal y da algunas cifras del impacto de la tormenta que se desencadenó «con una rapidez imparable». De esta forma, sostiene que un fenómeno de esta magnitud no puede acotarse solo a las competencias de Protección Civil.

«El Estado tiene igualmente competencias y de él dependen organismos que también participaron de modo relevante en los hechos, como la Delegación del Gobierno, la Aemet y la Confederación del Júcar». Al respecto, la ahora investigada llega a hablar de "una selva normativa en la que aparecen incontables referencias a la necesidad de coordinación" entre las diferentes administraciones.

La exconsellera no duda acerca del «origen principal» de la tragedia, que se cobró 228 víctimas mortales. «No fueron tanto las lluvias sino la inexistencia de las obras de encauzamiento de los ríos que arrastraron las aguas por el barranco del Poyo, obras no ejecutadas por decisiones de Administraciones anteriores».

El escrito presentado por Pradas cita, entre otras, la presa de Cheste en 2005 y las obras del encauzamiento del citado barranco del Poyo que se iban a hacer, en 2011, y que tampoco se hicieron. El Consell ha criticado que esta actuación no se llevó a cabo por determinados planteamientos que se recogían en la Ley de la Huerta del Gobierno de Ximo Puig.

«Eso sí que hubiera evitado las muertes que desgraciadamente se produjeron», pronostica. Su letrado concluye que no se puede limitar el objeto de la investigación al supuesto retraso del aviso Es Alert «ya que la cuestión es mucho más compleja». Además, respecto a esta modalidad de aviso, señala que no existían protocolos para su uso.

La configuración del Cecopi tampoco parece una cuestión pacífica. Rechaza la idea de mando único que, en parte, difundió su propia conselleria tras un requerimiento judicial. "Existía un comité dual de dirección". En esa dualidad intervino la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. La instructora ya rechazó cualquier tipo de responsabilidad penal de Bernabé y de otros altos cargos, como Miguel Polo, presidente de la CHJ.

La defensa de Pradas sugiere un nuevo orden en esta instrucción. Por ejemplo, según su criterio, lo primero sería "escuchar a los técnicos de la emergencia quienes, con toda lógica, son los primeros que deben informar, según sus conocimientos y experticia, de por qué ocurrió lo que ocurrió". De igual modo, califica de"disparatada" las imputaciones estableciendo una relación de causalidad entre las muertes y el supuesto incumplimiento de una supuesta norma.

Pradas señala el error de un procedimiento penal como este y sugiere que lo óptimo sería derivar el procedimiento hacia la jurisdicción contenciosa administrativa porque el objetivo es que desenlaces como el del pasado 29 de octubra no se repitan. En cambio, esta instrucción parece haber seleccionado como «cabeza de turco a nuestra representada", una circunstancia "absolutamente inadmisible".