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Cuando Carlos Mazón dijo que la elaboración del anteproyecto de ley de presupuestos de la Generalitat para 2024 estaba resultando «muy duro», se refería, según ... se precisó desde Presidencia de la Generalitat, a las complicaciones que para sacar adelante estas cuentas generaba el déficit y la deuda que había dejado el Botánico.
La conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio que dirige Salomé Pradas es la que ha podido comprobar más en primera persona la 'dureza' de los presupuestos. Un recorte del 33,9%, de lejos el más abultado de los de todas las consellerias que bajan en estas cuentas. Más del doble, por poner un ejemplo, que las de Hacienda o Innovación.
El tamaño del ajuste es más que notable. Infraestructuras procedió ayer a subrayar que los 300 millones de diferencia entre el presupuesto de 2023 y el de 2024 obedecen a que las cuentas del próximo ejercicio no cuenta con la línea de fondos MRR, que anteriormente ascendía a 100 millones de euros para inversiones), así como a los 200 millones del convenio suscrito por la Generalitat con el Ministerio de Transportes, y que la consellera Pradas ya ha vuelto a reclamar a la ministra de transportes, sin haber obtenido por ahora respuesta.
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Esa es la explicación de la caída. Pero ¿y ahora qué? El departamento que dirige Pradas ha articulado toda una estrategia para resolver el frenazo inversor que supone un ajuste presupuestario de esta magnitud. Porque, es cierto, en los gastos de capital para 2024 figuran 258 millones de euros, que es una cifra muy similar a la ejecutada por la conselleria hasta el pasado 30 de septiembre. De hecho, algunas áreas concretas de esta conselleria presentan niveles de ejecución que no llegan siquiera a los dos dígitos, a pesar de corresponder al noveno mes del año. Pero la intención de ajustar mucho más la ejecución real al presupuesto aprobado no impide que se busquen alternativas.
Y una de ellas, la más destacada, tiene que ver con los remanentes de los actuales presupuestos de la conselleria. El departamento que dirige Pradas explica que su capacidad inversora para el 2024 se mantendrá, o incluso será mayor que el ejercicio actual, una vez se consoliden los remanentes del 2023 de lo no gastado en MRR y en el convenio con el ministerio.
¿Y eso cuanto dinero es? Las previsiones con las que trabaja el departamento de Pradas explican que por la línea del MRR se puede disponer de 30 millones de euros, mientras que por el convenio con el ministerio se dispone de una cantidad inejecutada que supera los 140 millones de euros. Sobre la base de esos más de 170 millones de euros se trabaja para poder disponer de financiación adicional a la que figura en los presupuestos.
Infraestructuras aclara, por cierto, que en contra de lo ocurrido en los presupuestos de 2023, en que la parte del presupuesto de inversiones reales que era aportación de la Generalitat ascendía a 108 millones, la de las cuentas del Consell de Carlos Mazón para este departamento alcanza los 128 millones de euros.
Los presupuestos de Infraestructuras han tenido, no obstante, una valoración muy negativa desde la oposición. La portavoz adjunta del PSPV-PSOE en Les Corts y responsable del área de territorio del Grupo Socialista, María José Salvador, ha denunciado que «las cuentas de Mazón y la ultraderecha confirman la política negacionista del cambio climático y de la movilidad sostenible» y ha lamentado que «la conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio sea la que más recortes sufre este primer presupuesto de Mazón y la ultraderecha».
Además, la dirigente socialista ha alertado que «los presupuestos para el próximo año recortan, también, en medio ambiente y movilidad acabando con todas las políticas alineadas con la agenda 2030 y con los ODS» y ha subrayado que «estamos un recorte brutal y sin paliativos a las políticas medioambientales de la Generalitat». Asimismo, ha incidido en que «el compromiso con el cambio climático de Mazón se resume en invertir 1.000 euros en la agencia valencia contra el cambio climático».
La secretaria general de la sección sindical de CGT en FGV, Ana Belén Martínez, ha rechazado los datos que maneja la Generalitat respecto al incremento de la plantilla de la empresa –de 1.100 empleados en 2015 a los 1.800 actuales–. Martínez recuerda que en 2016 la plantilla de la empresa ascendía a 1.420 trabajadores y que en la actualidad es de 1.734 personas. Además, subraya que de 2007 a 2020 no se realizó ninguna oferta de empleo público en FGV, y que en la próxima está prevista una tasa de reposición de 46 plazas. Martínez subraya además que en los últimos años se ha llevado a cabo la ampliación de Riba-roja, la L10, el servicio nocturno y la L9 de Alicante. «Falta plantilla en las brigadas de Instalaciones fijas y mantenimiento».
La explicación del capítulo de ingresos del presupuesto de la Generalitat para 2024 menciona, en su apartado de operaciones financieras, que se ha recurrido al endeudamiento para su financiación en el marco de la actual Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El importe total del capítulo IX para 2024 es de 7.547 millones de euros, que supone una variación respecto al ejercicio 2023 de un 13,27 por ciento. El desglose del mencionado importe prevé 7.024 millones por vencimientos de deuda; 91 millones por devolución de liquidaciones negativas; y otros 431 millones por déficit. El Gobierno central ha comunicado a Bruselas que autorizará a las CCAA un déficit del 0,1% de su PIB, unos 143 millones de euros. Autorizar ese déficit significa permitir esa capacidad de gasto adicional. De 143 a 431 millones va una diferencia significativa, exactamente de 288 millones de euros. ¿Y entonces? La conselleria de Hacienda explicó este martes que en los presupuestos no ha incorporado ese déficit del 0,1%, sino que ha mantenido el 0,3% vigente para el año en curso. ¿El motivo? El consejo de ministros aún no ha aprobado los objetivos de estabilidad –se los ha comunicado a Bruselas, pero no los ha aprobado formalmente– de modo que no son oficiales. De hecho, los tiene que aprobar también el Congreso de los Diputados, hecho que no se ha producido, aún a pesar de que la AIReF, en su último informe, emplazaba al Gobierno a pronunciarse. No hacerlo permite a las CCAA mantener esa capacidad de gasto.
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