Presidencia defiende la gestión del Botánico en el comedor del Palau frente a las quejas de Antifraude

El nuevo equipo de Carlos Mazón ha emitido un informe donde rechaza las graves acusaciones y reproches que la Agencia vertió sobre la gestión efectuada durante el Botánico. No resulta habitual que un Gobierno -del PP o del PSOE- avale la gestión desplegada por los responsables del otro partido. Y menos todavía en tiempos de absoluta agitación en los Parlamentos.

Desde Presidencia comunicaron que atenderán la petición de Antifraude de reducir los contratos menores en esta labor de intendencia, pero sin descartar en absoluto su uso. Por un lado, descarta revisar de oficio el procedimiento porque, según su criterio, no se separó de los cauces legales. «Los servicios contratados se ajustaron tanto a las necesidades propias de Presidencia como al procedimiento de contratación adecuado». Además, siguiendo un espíritu de transparencia.

«Todos los costes de servicios y suministros fueron acordes con el mercado». De hecho, recuerdan que si el procedimiento empleado fuera completamente ajeno a la legalidad, la Intervención, en su momento, así lo habría recogido. Todo lo contrario. Se limitó a apuntar «recomendaciones».

El único punto en el que parecen estar completamente de acuerdo Antifraude y Presidencia consiste en reducir el uso del contrato menor. Pero subrayan que las necesidades de agenda del equipo de Mazón y de la Vicepresidencia «van a seguir existiendo» y deberán «ser atendidas». La Agencia, entonces dirigida por Joan Llinares, sostuvo que se había utilizado esta modalidad «para satisfacer una necesidad recurrente, periódica y previsible y no una necesidad puntual y esporádica».

La contestación de Presidencia también aborda otro de los puntos conflictivos, por ejemplo, la indicación de elaborar una instrucción interna que destaque la «excepcionalidad» de los contratos menores así como el hecho de que las empresas que concurran deban acreditar que no tienen vinculación con cualquier otro competidor.

En este sentido, recuerdan que la Subsecretaria de la Presidencia ya elaboró un documento en septiembre de 2022, dirigido a todos los centros dependientes del departamento autonómico, para «trasladar» la recomendación de la Intervención de «motivar y justificar adecuadamente el importe propuesto en el expediente, por ejemplo, presentando tres presupuestos o, en caso contrario, justificar por qué no se ha de hacer». De igual modo, esa instrucción recogía también la necesidad de explicar de manera detallada por qué el importe del servicio se ajusta al máximo legal en los supuestos en los que se dé esta circunstancia.

Tampoco existe acuerdo sobre la propuesta de reclamar a determinados funcionarios. Es en este apartado donde con mayor vehemencia rechazan los postulados de Antifraude. «Respetamos el trabajo de la AVAF, pero en igual medida discrepamos de las valoraciones y, según en qué casos, de las recomendaciones». Rechaza, sin duda, el impulso de esta medida. «Todo se ha hecho con las modalidades contractuales ofrecidas por la norma para satisfacer, de la manera más adecuada y posibilista, las necesidades que se le han trasladado».

Del mismo modo insiste en que no se comparten «valoraciones ni recomendaciones sin perjuicio de que en aquella cuestiones en las que existe una coincidencia« -contrato menor- se intentará llevar a cabo.