Presidencia maniobra para prescindir de la directora de

À Punt con un cambio de ley

Finalmente no se registró, pero el grupo socialista ha tenido encima de la mesa 48 horas una enmienda a la Ley de Acompañamiento salida directamente del Palau de la Generalitat en la que se proponía una modificación de la Ley de creación de la Radiotelevisión Valenciana para fusionar las dos entidades que actualmente rigen el servicio público, una corporación y una sociedad, en una única mercantil. En un primer vistazo, la modificación del articulado de la ley pretendía resolver un problema jurídico del que ha alertado tanto la Intervención de la Generalitat como la Sindicatura de Comptes, que hace que la duplicidad de empresas genere desequilibrios patrimoniales entre una y otra entidad. Sin embargo, la enmienda, de haber salido adelante, hubiera conllevado la destitución, de facto, de la directora general de la Corporación Valenciana de Medios (CVMC), Empar Marco, al desaparecer la entidad de derecho público que gestionaba, para fundirse en una única sociedad.

Una maniobra que cambiaría el modelo de gestión del servicio público de radiotelevisión, con una única sociedad mercantil presidida por el actual Consejo rector de À Punt, que ostentaría la dirección general de la empresa. Un modelo basado en el que ya tiene Radiotelevisión Española (RTVE) o en su día ideó la entonces directora de RTVV Rosa Vidal. La conveniencia o no de presentar la enmienda a la Ley de Medidas ha permanecido latente desde que salió de las puertas del Palau. En el grupo parlamentario socialista no eran demasiado partidarios de registrarla ya que una modificación del articulado de la ley de este calado se podría haber hecho con más antelación y consenso. Sin embargo, según las fuentes consultadas, la decisión se tomó en el último momento, con la Ley de Acompañamiento ya enviada a Les Corts, después de que el Consell aprobara el anteproyecto sin nada que afectara a la radiotelevisión. Pero, días después de que el pleno del Gobierno valenciano le diera luz verde a la ley, la Sindicatura de Comptes dio un nuevo toque de atención a À Punt, y recordó que la situación económica de la corporación y la sociedad que componen la radio y televisión públicas era insostenible y entraba ya en uno de los supuestos que contempla la Ley de creación de la radiotelevisión para que el consejo rector fuera disuelto y la Generalitat nombrara un administrador único.

La enmienda suponía una modificación de una ley de tanta importancia por la puerta de atrás, casi de tapadillo. De hecho, el Consell podría haber incluido la propuesta de cambio legal en el propio anteproyecto de Ley de Medidas, sin tener que hacerlo vía grupos parlamentarios. Sobre todo porque el cambio no parecía contar ni siquiera con el convencimiento del grupo socialista, que la veía una temeridad. Los socios tampoco eran partidarios, conscientes de que había salido de los despachos del Palau, y no dudaron de tildarla, incluso, de «ocurrencia».

Las fuentes consultadas aseguran que con la enmienda que nunca se llegó a presentar, pero que sí estaba redactada, se pretendía poner orden jurídico en el conglomerado empresarial de la tele. Más aún después de las serias advertencias de Sindicatura e Intervención y de incluso la imposibilidad de aprobar las cuentas que tuvo al consejo rector atascado en varias reuniones este verano.

Sin embargo, las derivadas de su posible aprobación habrían sido otras, de cariz político, en lugar de administrativo. La primera, la supresión del puesto de directora general de la CVMC, con la publicación de la Ley de Medidas, en el DOGV, a principios de año. Una incongruencia, en un momento en que el consejo rector acaba de aprobar las bases para la elección de nuevo director o directora, y con las que se convocará el concurso. La prisa de Presidencia, en este caso, hubiera contravenido el propio proceso del consejo rector. Pero es que, además, la Corporación y la Sociedad tienen, en ambos casos trabajadores, que deberían pasar a la empresa que quedara como proceso de la fusión. En el caso de los trabajadores de la Corporación, sus plazas ya se han sacado a oposición, según publicó ayer el Diario Oficial de la Generalitat, pero la Oferta de Empleo Público de las más de 400 plazas de la Sociedad están todavía a la espera de que el consejo rector delimite las condiciones y las apruebe.

La operación para presentar la enmienda, al final fallida, deja en una difícil situación las relaciones entre la dirección de la Radiotelevisión y Presidencia de la Generalitat, donde residen las competencias a través de la Secretaría Autonómica de Comunicación.