Presidencia le pone presupuesto a los comisionados que iban a ser sin coste

Y es que la partida de gastos de organización del gabinete del presidente, una suerte de hucha que el jefe del Consell, se reserva para proyectos singulares u ocasiones excepcionales, contempla este año una subvención a la Universidad de Alicante para la firma de un convenio de colaboración que permita dotar de medios y mejorar el funcionamiento de la comisionada para la digitalización. En concreto, Presidencia ha previsto 85.000 euros para este asunto, que un inicio debía ser atendido con medios personales y materiales ya existentes, sin un nuevo gasto. Aunque en el decreto de creación del departamento que dirige Pascual se hablaba de dar el "necesario apoyo administrativo y material, mediante la adscripción de los recursos que fueran necesarios, de los programas presupuestarios correspondientes a la Presidencia".

Y así será en 2023, porque en las cuentas públicas para ese año ya se incluye la cantidad que recibirá la universidad en la que Carolina Pascual tiene su plaza de profesora titular, como doctora en ingeniería en telecomunicaciones. Así, la exconsellera canalizará los fondos para ser comisionada a través de esa ayuda directa a su facultad.

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Burguera .

Algo similar a lo que ya viene sucediendo con otro de los comisionados. En concreto, el que se creó para establecer una estrategia de salud mental, ostentado por el catedrático de psiquiatría y exsecretario autonómico de Universidades, Rafael Tabarés. A través de un convenio con la Universidad de Valencia, Presidencia dotará con 95.000 euros una línea nominativa para hacer "seguimiento y desarrollo de las medidas propuestas en materia de salud mental". En 2022, esa cuantía fue de 85.000 euros, 10.000 euros menos. Del mismo modo que la exconsellera Pascual, Tabarés ejerce como catedrático en la Facultad de Medicina de la UV, universidad con la que se formaliza el convenio para sacar adelante la misión que tiene encomendada desde Presidencia.

Las figuras de los comisionados se crearon en la primera legislatura Botánica, para poner el foco sobre algunos temas, pero ha sido en esta segunda legislatura cuando han crecido en número. Una de de las más importantes fue la que se creó durante la pandemia, que asumió la secretaria autonómica de Modelo Económico, María José Mira, para centralizar la contratación de las compras Covid-19. Sin presupuesto ni personal, solventó problemas administrativos de la Conselleria de Sanidad en medio de lo más duro de la crisis sanitaria. En esa misma época también se nombró a la comisionada para la inteligencia artificial, la ingeniera Núria Oliver. Aunque no recibió contraprestación, el Consell acabó encargando a la Fundación ELLIS, de la que Oliver es presidenta, varias encuestas sobre el coronavirus, a través de la subvención anual de 1,5 millones de euros que da al organismo privado. Una cantidad que también se ha incluido en las cuentas de este año.

Otro de los comisionados, el creado para la gestión de numerosos asuntos en la comarca alicantina de La Vega Baja, bajo el paraguas del plan Renhace, tras la DANA de 2019, acabó en manos de un excargo de Ciudadanos, con el nombramiento de Antonio Alonso Miravete. En un principio ejerció el cargo sin sueldo, pero pronto acabó en nómina del Palau, como asesor del presidente. En los presupuesto de la Generalitat para 2023, el plan Vega baja Renhace contará con 2,7 millones en ayudas directas para infraestructuras.