El Director General del Consorcio Valencia 2007, imputado por prevaricación

Los hechos se remontan al 1 de marzo de 2019, cuando se publicó un concurso por parte del Consorcio para el otorgamiento de una concesión administrativa de uso de 15.126 metros cuadrados en la Marina Sur de Valencia. El proyecto era instalar una estructura permanente para distinto tipo de eventos.

Al concurso se presentaron en plazo dos empresas, que quedaron a la espera de que la mesa de contratación fijara una fecha y hora para la apertura de las ofertas. Una fase que nunca se produjo para un concurso que podría haber movido en eventos más de un millón de euros.

La empresa que ha presentado la querella asegura que durante meses, «ante la pasividad del Consorcio Valencia 2007», realiza peticiones para saber en qué punto se encuentra el concurso. «Si tenemos en cuenta que entre la publicación del anuncio y el plazo para presentar las ofertas sólo transcurre un mes y once días, nos hace pensar que dicha licitación se publica con el objeto de adjudicarse a una empresa concreta y, posteriormente, el Consorcio 2007, al observar que la oferta de mi representado era la mejor, decide paralizar el expediente sin motivo», señala la querella.

La sorpresa llega a partir de mayo cuando el espacio de la Marina que había salido a concurso empieza a ser utilizado, según el querellante, por la otra empresa. El 23 de mayo de 2019 la firma afectada levanta acta notarial y se producen nuevas visitas durante el mismo mes, junio y julio. Una de las dos mercantiles que se habían presentado al proceso estaba usando el solar y en las vallas aparecía cartelería con su nombre.

Además, el pasado 30 de mayo al querellado se le devuelve la fianza que había depositado para el concurso «sin que exista ninguna notificación al respecto que lo justifique, como podría ser la no adjudicación del expediente o la suspensión del procedimiento de licitación». La empresa afectada considera que Llorenç, como máximo responsable del Consorcio, «por las irregularidades» en el proceso del concurso porque no se ha seguido el trámite de la Ley de Contratos del Sector Público y «por el hecho de haber adjudicado a dedo» el contrato a otra empresa «sin la preceptiva licitación administrativa».

El pasado 18 de noviembre, el director general del Consorcio Valencia 2007 declaró en el juzgado número de instrucción número 10 en calidad de investigado. Además, el querellante ha pedido la declaración testifical de varios empleados del departamento legal del Consorcio, del director Estratégico y de la responsable de Relaciones Externas.